La atención de los medios y analistas especializados fue capturada por la negativa de comparecencia ante los integrantes de la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del titular de la SEDENA para explicar el asunto del hackeo masivo de datos de la dependencia, primero, y luego por la presencia del general secretario y el almirante secretario que “arroparon” a la titular de la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en el Senado. Dos puntos son destacables.

Lo primero es aclarar si el poder Legislativo tiene o no facultades para llamar a comparecer a los titulares de la SEDENA o SEMAR. Dice la Constitución, sí ese documento diseñado para incomodar y limitar el instinto dictatorial de cualquiera de nuestros gobernantes, en su artículo 93: “Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

La Ley Orgánica del Congreso de la Unión, artículo 45 numeral 4 establece la facultad de quienes presiden las comisiones legislativas para solicitar “la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión”. Es decir, se puede interpretar que las comparecencias sean, casi siempre, ante alguna de las comisiones y no ante el Pleno de Senado como ocurrió en este caso.

Ahora bien, ¿Está el general secretario Lui C. Sandoval al frente de una dependencia federal? La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 26, que enumera las dependencias federales incluye en tercer lugar a la secretaría de la Defensa Nacional.

Se desprende de lo anterior que, como funcionario federal y “secretario del despacho” el titular de la SEDENA debe comparecer ante la convocatoria de los legisladores.

Hay una línea de argumentación que establece que por tratarse de cuestiones de seguridad y defensa nacional, los militares tendrían algo así como carta abierta para “no comparecer” ante el Congreso. Más que una razón jurídica se estaría apelando a una razón de Estado, en la que la seguridad del mismo está por encima de cualquier consideración normativa.

El segundo punto a destacar es el nivel deplorable del debate senatorial en donde una preocupación legítima, las condiciones imperantes que permitieron la sustracción masiva de la información de la dependencia encargada de la defensa nacional, se tradujo en un circo romano en el que las senadoras Lilly Téllez, en tono y actitud poco seria para la investidura, criticó al general secretario, y la respuesta soez y majadera de la también senadora Lucía Trasviña, quién desde tribuna y en el afán de defender al general Sandoval, insultó a Téllez cual pleito de mercado sobre ruedas.

Nadie se opone a que nuestros representantes electos demuestren pasión por su encargo y por lo altos intereses de la nación. Para ello fueron electos. Sin embargo, cuando el nivel de discusión cae al nivel de pleito callejero algo anda mal con quienes dirigen los destinos país.

El episodio narrado hasta aquí demuestra que: el tema del hackeo masivo y vulneración de los secretos de estado se aleja de la atención pública, lo que cínicamente puede considerarse como beneficioso para la administración federal; y también que los pleitos nacidos de la polarización política imposibilitarán los acuerdos legislativos en el corto plazo. Todo ello no nos encamina, como ciudadanía, hacia un mejor país.

¿Usted qué piensa?