La discusión sobre la adscripción administrativa de la Guardia Nacional a la SEDENA dio un giro imprevisto al adoptarse la iniciativa de la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, para modificar el artículo quinto transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional” (DOF 26 de marzo 2019).

El transitorio específica que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

La iniciativa del PRI y aceptada por MORENA amplía a 10 años la facultad presidencial para disponer de la fuerzas armadas en materia de seguridad.

A la par, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, en su discurso del 13 de septiembre en remembranza de la batalla de Chapultepec, afirmó que “Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país”.

Cuando el jefe operativo de un ejército abiertamente anuncia que la institución castrense debe “discernir de aquellos con comentarios tendenciosos”, los derechos humanos a la libre expresión y la libertad de imprenta quedan bajo la sombra de las armas.

Todo lo anterior deja algunas interrogantes que, hoy, simplemente no tienen una respuesta. ¿La comunicación del gobierno federal ahora estará en manos de la SEDENA? ¿Queda criminalizada la expresión de ideas contrarias a las afirmaciones oficiales? ¿Por qué se amplió al doble el período establecido en el decreto de marzo de 2019? ¿Fue sólo una ocurrencia de “Alito” Moreno para salvarse de las acusaciones penales en su contra, y que MORENA aprovechó? ¿Por qué “cambio de parecer” el presidente López Obrador respecto al papel de las Fuerzas Armadas? ¿Se acabaron los “abrazos” y volveremos a los “balazos” con la delincuencia organizada? ¿Se trata de una medida preventiva ante una amenaza no visible aún? ¿Estados Unidos ya le pintó una raya en materia de seguridad?

¿O, más bien se trata de adelantarse a condiciones de inestabilidad política en 2024? Pero ¿Por qué se necesitarían tropas en la calle durante la elección presidencial? ¿Por qué, si las tendencias de opinión vislumbran un escenario halagüeño para MORENA, se amedrenta a quienes en uso legítimo de sus derechos humanos manifiestan ideas diferentes? ¿Por qué militarizar el gobierno, aumentando su presupuesto, si de acuerdo a las encuestas de opinión, la aprobación presidencial ronda el 62%? ¿Tiene la estrategia de politización de las Fuerzas Armadas mexicanas algo que demostrarle a las dictaduras cubana, nicaragüense y venezolana?

¿Usted qué piensa?