En clásico sabadazo de puente, el gobierno federal a través de su brazo represor, la Fiscalía General de la República, ha asegurado diversos inmuebles con valor de varios miles de millones de dólares en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El ariete siendo la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, se prolonga el mayor acto de intimidación en la historia reciente de México cometido desde el poder.

El mensaje puede ser interpretado como una venganza política desde el piso más alto de la Cuarta Transformación. Deja la impresión que se busca retirar por la fuerza de sus hogares a miles de familias cuyo delito imperdonable, para un régimen de resentidos, es tener altos ingresos. Generar un éxodo para que “los pobres” vean como se humilla a los ricos y así asegurar que “todo ha cambiado”.

Un aspecto central de la cultura política mexicana que no ha sido considerado lo suficiente como para estudiarlo, es el papel de la humillación como arma para lograr la supremacía entre jefe y seguidor. El acto de humillar busca imponer la docilidad en el de abajo.

¿Llegaremos a esos extremos? ¿A tal grado de expulsar personas de sus hogares y luego rematar esas propiedades en tómbolas en las localidades más pobres del país? ¿Alegando para ello que se trata de un acto de verdadera y palpable justicia social? ¿Teniendo que escuchar al cínico publicar que “los yaquis sufrieron más”? ¿Acaso una pesadilla apocalíptica, o una decisión política en marcha?

Resulta imposible dejar pasar como si nada los siguientes dos hechos recientes: Se desata una balacera en diversos puntos de Ciudad Juárez, Chih, civiles son acribillados con armas de alto calibre mientras esperan su pizza. El gobierno de la república responde con un “ojalá no se repita” la masacre. Mientras, el área antiterrorista, responsable de evitar el tráfico de armas en México, está ocupadísima en la operación de despojo territorial más grande y onerosa desde tiempos de Porfirio Díaz.

El plan es extranjero sin duda. Primero despojar de toda noción de justicia a los tribunales cuyo involucramiento institucional en resolver conflictos queda roto. Segundo, con las cortes neutralizadas como espacios de negociación y acuerdo, sólo queda la fuerza. Esa misma, que sólo tiene el ejército, con la que nadie puede competir.

Santa Fe revela una decisión que exuda desesperación. Esta jugada política es de alto riesgo: ¿Por qué fue necesaria? ¿A caso porque los grandes proyectos de infraestructura serán inútiles para domar la inflación, la violencia, la presión de Estados Unidos? ¿Por qué el movimiento que dice apellidarse partido político, pero sólo es capaz de resolver su destino en votaciones a mano alzada, no ofrece la representatividad deseada? El despojo muestra el nivel de argumentación del gobierno, su partido – movimiento y sus voceros a sueldo ante las necesidades del desarrollo nacional. El atraso como meta y forma de gobernabilidad.

¿Habremos llegado al punto de no retorno, el momento cuando ya es una imposibilidad evitar ser arrastrados por la cascada de los hechos?

¿Usted qué piensa?