Recién me han preguntado si soy un consumidor de marihuana, a raíz de que los dos últimos textos de este escribiente han estado abordando las posibilidades de regular de forma amplia su uso recreativo. No lo soy y no es necesario ser un usuario de dicha yerba para hablar en pro.

Considero que, así como cualquier ciudadano(a) puede ingerir alcohol en su hogar o en un lugar autorizado a partir de los 18 años, también los interesados en consumir la marihuana lo puedan hacer en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, tal como lo expresa el proyecto de Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y que es ni más ni menos que la capacidad de los seres humanos para decidir libremente sobre su persona y vida.

Se ha señalado por diversos sectores, entre ellos representantes de partidos políticos y de organizaciones eclesiales -entre otros- que favorecer el uso recreativo de la yerba citada contribuirá a una mayor descomposición social, así como al incremento en el número de usuarios de esta y de otras drogas, afectando sobre todo a los niños y a los jóvenes.

Lo anterior puede acontecer si no nos ocupamos, sociedad, organizaciones, comunidades, instituciones y gobierno a impulsar amplios e intensos programas de información y prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, dirigidos fundamentales a adolescentes y jóvenes, junto con programas de atención y apoyo a quienes sostengan una relación tóxica, conflictiva y adictiva de tales sustancias.

No obstante, es prioritario, junto con otras urgencias de salud pública como la adquisición y distribución de medicamentos para el tratamiento del cáncer o la instalación de refugios para las mujeres víctimas de violencia familiar y de estancias públicas infantiles, que el manto de clandestinaje que aún encubre o envuelve la producción, distribución y acceso para el uso recreativo, medicinal e industrial de la marihuana debe ser eliminado, tanto para proteger y garantizar los derechos de sus usuarios y evitar su victimización y extorsión por parte de los cuerpos policíacos y del aparato de procuración e impartición de justicia, como para aminorar o reducir las dinámicas de violencia y criminalización que en nuestro país han estado vinculadas a dichas actividades.

El proyecto de ley al que aludo plantea -entre otros importantes rubros- incrementar la cantidad de marihuana para consumo personal hasta 28 gramos. En la actualidad se admite la portación de 5 gramos y quien es detenido con una cantidad superior puede ser remitido al Ministerio Público y ser encarcelado o recibir una sanción económica.

De esta forma, en las cárceles del país -de acuerdo con el Inegi- se encuentran alrededor de 12 mil 562 personas detenidas por posesión menor de marihuana, es decir que fueron apresadas por tener más de 5 hasta 200 gramos, destacando en este universo que la gran mayoría, es decir alrededor de 8 mil personas, fueron encarceladas por la posesión de 6 a 30 gramos, con penas que van de los diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa.

El ingreso a los penales, además de las consecuencias físicas, emocionales, económicas y familiares, puede representar, por la interacción que se generará con otros encarcelados por delitos de diversa índole, una excelente pero perversa inducción a la criminalidad, ya que está comprobado que estos espacios, en general no impulsan o logran la reinserción social como su nombre lo indica, sino la involución humana.