Era agosto de 2008, hace ya más de una década; el hijo del empresario Alejandro Martí había sido secuestrado y asesinado y días después, el citado fue invitado a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde -según narran las crónicas- aguantó más de 2 horas de discursos, para luego intervenir y expresar a los ahí reunidos, desde el presidente de la República hasta gobernadores y alcaldes, su indignado reclamo de justicia con palabras que el día de hoy cobran una impresionante vigencia: Si no pueden renuncien, pero no sigan usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada porque eso también es corrupción.
Los resultados desastrosos en materia de seguridad pública, así como en otros ámbitos de la gestión de gobierno que hemos mostrado de manera resumida en ocasiones anteriores, y el rechazo y hasta la anatematización que hace la autoridad ante los análisis críticos sobre su labor, no hacen sino resaltar la demanda manifestada hace años: Si no pueden renuncien. No es necesario destinar recursos a revocaciones de mandato, consultas ni referendos.
En el texto inmediato anterior expresé alarma y preocupación por la militarización de la seguridad pública que ha hecho el régimen obradorista, la cual, por cierto, no ha contribuido en grado alguno a bajar o atenuar los niveles de violencia y criminalidad.
Durante sus largos años como opositor y en sus diferentes campañas electorales, AMLO mantuvo una postura contraria a utilizar al ejército en tales labores. En un twitter de febrero de 2013, el aludido calificó como perverso que los potentados utilicen al Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear. Luego entonces, ¿ahora no es perverso?
Un año antes, en febrero de 2012, afirmó que había que ir sacando al Ejército de las calles, el Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo: defender la soberanía nacional. Agregaba en ese entonces que el ejército es una institución que había que cuidar, no socavar. Y se comprometió a regresarlo a sus cuarteles en seis meses.
Sin embargo, han pasado ya poco más de tres años de gobierno, y el ejército no nada más no ha regresado a los cuarteles, sino que su inclusión en la gestión pública se ha ampliado y permanecerá de forma indefinida con la militarización de la guardia nacional y convertirla en el cuarto sector de las fuerzas armadas (junto con el ejército, la marina y la fuerza aérea).
De esta forma, el gobierno obradorista no resuelve el asunto de la seguridad pública pero sí concentra el control político de la gestión bajo su mando, en menoscabo de los Estados y de los Municipios, es decir, a nuestro presidente le importa un bledo la vida republicana y la solución de la violencia desde la óptica de la seguridad ciudadana.
No podíamos esperar algo diferente de su parte, sobre todo si conocemos el diagnóstico que AMLO hizo del problema después de su triunfo electoral. En su primer discurso a los militares, en noviembre de 2018, señaló que el grave problema de violencia e inseguridad fue causado u originado -entre otros factores- por los gobiernos neoliberales, que abandonaron al pueblo y no dieron buenos ejemplos, dedicándose a cometer ilícitos y alentar la corrupción. En ese contexto, muchas personas tuvieron que optar por las conductas antisociales.
Entonces, si ya los neoliberales fueron desplazados, ¿por qué persiste un nivel tal alto de criminalidad? ¿A la calor y el alto consumo de carbohidratos, como lo señaló la alcaldesa de Acapulco?
