Continuando con el balance de la gestión del primer trienio del gobierno obradorista en la presidencia de la República, abordaré el tema de la seguridad pública con una expresión reciente de la presidenta municipal de Acapulco, Gro., que puede servir como síntesis, emblema o paradigma de la comprensión que los integrantes de la llamada 4a. transformación tienen sobre la gobernanza y particularmente de lo concerniente a la seguridad pública: Hace pocos días, los estudiantes de Ayotzinapa secuestraron un trailer de carga y lo lanzaron hacia integrantes de la guardia nacional que resguardaban una caseta de cobro ubicada en la autopista México-Acapulco. Por fortuna, en el vehículo no se encontraba ningún tripulante, y los militares lograron abrirle paso, de tal forma que terminó impactándose contra un negocio de comida, sin provocar lesionados.
Al respecto, la autoridad municipal citada, en uno de los más notables ejemplos de estulticia, cinismo e irresponsabilidad que, según se nos reitera, sólo se daban antes, señaló que no había delito que perseguir, porque el trailer se manejaba sólo. Asimismo, pidió ser empáticos con los normalistas porque continúan con su proceso de dolor, y requieren de diálogo y solidaridad.
El planteamiento de la servidora pública citada es parecido o semejante a lo que se ha vertido también con respecto a la violencia narca que enluta a todo el país cotidianamente, y con el que se justifica u oculta, tanto el fracaso o la inacción de la política gubernamental en dicho ámbito, así como su incapacidad (¿complicidad? ¿permisividad?) en la aplicación irrestricta de la justicia, es decir, de la vigencia del Estado de Derecho.
Para argumentar la ineficiencia, pasividad o los nulos resultados, se expresa que no se debe combatir el mal con el mal (AMLO) o a practicar proposiciones seráficas para resolver la violencia y la criminalidad, tal como lo manifestó la predicadora, perdón, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, durante la glosa del tercer informe de gobierno en San Lázaro: es bueno aspirar a que haya abrazos y menos balazos; a una sociedad más fraterna, en la que no haya disputas.
Los homicidios dolosos (100 asesinatos diarios) y las extorsiones constituyen dos de los delitos más importantes que se han incrementado de forma notable con respecto a las dos administraciones presidenciales anteriores (Calderón y Peña Nieto, respectivamente), pese a la creación y presencia del cuerpo militarizado denominado Guardia Nacional (dedicado ahora también y de forma intensa a la caza de los transmigrantes que provienen del sur del país) y la enorme cuantía de recursos financieros que se destinan a los cuerpos militares, en detrimento de los aparatos de seguridad pública estatales y municipales.
Es paradójico que un gobierno que se dice provenir del pueblo y que califica a éste de sabio, no se preocupe y ocupe en fortalecer las instituciones locales de seguridad pública, que son de carácter civil y que requieren ser profesionalizadas. En vez de civilizar y profesionalizar la seguridad pública, ¡el gobierno obradorista las militariza! y refuerza el centralismo y el verticalismo, por cierto, características centrales y básicas del priato.
La realidad ya ha mostrado, desde la época de Calderón, que la actuación y presencia de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad pública, es una estrategia fallida, que además genera o incrementa el riesgo de violentar los derechos humanos (aunque se nos diga que ellos son pueblo uniformado) y debilita a las instituciones locales de la gobernanza.
