Hace aproximadamente un mes, en la inauguración de la 47ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Alta Comisionada Michelle Bachelet dedicó parte de su informe a la grave situación que se vive en nuestro país en materia de violencia política, particularizando sobre el asesinato documentado de 91 políticos y miembros de partidos, entre los que se contaban 36 candidatos a puestos de elección popular, ocurridos a partir de septiembre del 2020 y hasta el primer domingo de julio del presente año.

La funcionaria señaló que los diversos partidos políticos se vieron afectados, en tanto que las mujeres se enfrentaron a la violencia de género, incluida la violencia sexual y las campañas de difamación.

Asimismo exhortó a los gobernantes a no utilizar lenguaje que socave a aquellos que no estén de acuerdo o cuestionen la independencia de organismos autónomos.

Sin embargo, pese a la trascendencia de los hechos mencionados, de la investidura de quien los expresó y del nivel del evento en el que se dieron a conocer, a la sociedad mexicana, a sus políticos y a las autoridades no les conmueve lo que acontece en la materia, ni muchos menos se moviliza para evitar que continúe esa espiral de muerte. Antes al contrario, es posible que se pretenda explicar, justificar o aminorar la importancia de dichos acontecimientos, señalando que antes había más asesinatos.

En forma por demás irresponsable y peligrosa, hemos permitido que la violencia en sus diversas manifestaciones se normalice en la vida cotidiana, fortaleciéndola y retroalimentándola en nuestras conversaciones e interacciones, a partir de la descalificación y el encono permanente a quienes piensan diferente o contradicen las narrativas predominantes.

De igual manera, y desearía equivocarme, pareciera ser que nuestra democracia y sus instituciones, progresivamente van siendo secuestradas o inutilizadas para evitar que prevalezca el Estado de Derecho y el fomento e impulso de la cultura de la legalidad, lo que ha provocado, entre otros efectos, graves y delicados vacíos que están siendo ocupados por actores políticos de toda laya, así como por redes sociales y espacios gubernamentales que se están erigiendo en los nuevos tribunales de la verdad e intérpretes únicos de la misma (youtubers incluidos).

En esta difícil y agobiante coyuntura, también se ha sumado otro protagonista, las fuerzas armadas, que de inéditos constructores de algunas de los principales proyectos de obra pública, se han convertido también en voceros de la nueva moralidad pública.

¿Cómo enfrentamos, atendemos y resolvemos, entre todas y todos,  el desbordamiento de la violencia y la fragilidad del Estado de Derecho?

Requerimos -entre otros factores- de un cambio de conducta a nivel individual o personal hacia las leyes. Necesitamos transformar nuestra mentalidad y actitud hacia  las norma para lograr que ésta prevalezca e impere y garantice la justicia y evite o elimine la impunidad.

Esto constituye una tarea colosal porque desde la infancia hemos escuchado e internalizado varios perversos y nefastos paradigmas, como el de que las leyes se hicieron para romperse o el que advierte de que el que no avanza no transa.

Junto con el planteamiento anterior, hay más tareas urgentes y prioritarias por impulsar, que espero compartir en los textos siguientes, para lo cual exhorto a los lectores a interactuar para profundizar en la reflexión y el compromiso.