¿Qué tanto caso le hacen el poder ejecutivo federal y los estatales, así como los legisladores federales y locales, a las demandas, propuestas, necesidades e inquietudes de las comunidades y de las organizaciones ciudadanas? O ¿Sus políticas públicas, planes de desarrollo, programas y agendas de trabajo corresponden a visiones, planteamientos e intereses de una camarilla político-partidista?
Por ejemplo, a nivel federal, en los tres años de gobierno de AMLO, con el respaldo de la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados, han desaparecido políticas y programas públicos diseñados con un perfil de integralidad en materia de bienestar social, como PROSPERA y el Seguro Popular, para dar paso, según se argumentó en 2018, a un Programa de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos, el cual ha sido un verdadero fracaso, o si no, veamos el dramático y cruento asunto de los niños con cáncer, cuyos familiares, indignados y desesperados han organizado serias y sonadas protestas, al grado de haber sido acusados por AMLO y su personero López Gatell, de estar siendo manipulados por la oposición política para sabotear a la 4T.
Y así pueden mencionarse más temas, tanto en materia de desarrollo social, como de salud y de educación, tales como la eliminación de las estancias infantiles para madres trabajadoras, los refugios para mujeres en situación de violencia o el programa de escuelas de tiempo completo. En tales asuntos se argumentó a la corrupción como unas de las principales causas para tal decisión, pero nunca ha habido denuncias penales al respecto, sólo alharaca mediática.
Esta dinámica de gobernanza y de interacción política, o particularmente, la relación que establece la clase política convertida en gobierno con los ciudadanos y sus organizaciones, se da también a nivel estatal y municipal. En Querétaro, que es la entidad donde radica quien esto escribe, recién se aprobó una nueva ley en materia de regulación del servicio de agua potable. Cabe resaltar, que pese a la importancia y trascendencia del tema para la entidad, en menos de un mes el Congreso local logró revisar, discutir y aprobar por mayoría -en pleno fast trak- el proyecto de ley.
Tanto el gobierno estatal como el Congreso local han manejado con poca transparencia y hasta con torpeza política el asunto, en la medida en que no queda clara, por ejemplo, la fundamentación y rentabilidad social de las concesiones a entes privados, ni se abren los canales pertinentes, como el mecanismo de parlamento abierto, para escuchar y atender a las organizaciones comunitarias y ciudadanas.
Me consta que antes y después de la aprobación de la ley citada, diversos ciudadanos buscamos interacción con diputados de diversos grupos parlamentarios, con el fin de profundizar en la valoración de la misma y su impacto económico y social; sin embargo, nunca fuimos atendidos. Probablemente lo harán en el próximo período electoral, para pedir nuestro voto.
Uno de los planteamientos a formular consiste en que se permita el otorgamiento de concesiones al sector social de la economía, es decir, las organizaciones comunitarias asentadas en los fraccionamientos, barrios, colonias y pueblos indígenas pueden participar en la gestión del servicio, o pueden crearse cooperativas de servicios que asuman dicha tarea, en coordinación con el organismo estatal o municipal responsable del tema.
Cabe mencionar que lo anterior lo han asumido ya diversas empresas privadas, por qué no las organizaciones sociales? El gobernador queretano ha expresado que su gobierno propiciará la inversión pública para incentivar la inversión privada; habrá que recordarle que el artículo 25 constitucional establece que bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará tanto a las empresas del sector social como del sector privado de la economía.
