Agradezco a quienes aceptaron la propuesta de indagar el comportamiento de las diputadas y diputados de sus circunscripciones, con relación al desafuero de 2 de sus colegas. Ahora les planteo que avancemos y profundicemos en el seguimiento y análisis de las prácticas de la transparencia y de la rendición de cuentas, con aquellos (diputados federales, diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores) que iniciarán su gestión en los próximos meses. En el caso de San Lázaro, a partir del 1º de septiembre.
Qué podemos y debemos atender, revisar, evaluar y demandar, por lo menos, con los diputados federales?: asistencias a las sesiones; sentido de las votaciones; iniciativas de ley de su autoría o que apoyan; intervenciones en tribuna; establecimiento de módulos o casas de atención ciudadana en sus distritos (reciben recursos financieros para la atención y dinámica de las mismas); foros, encuentros y reuniones con ciudadanos; gestión de proyectos en o para sus distritos. Cabe agregar que estos ámbitos o tópicos pueden servir también para el caso de los diputados locales.
Con relación a los presidentes, síndicos y regidores municipales, hay que recordar que son los servidores públicos más cercanos o con mayor presencia (aparentemente) en las comunidades, sean colonias, barrios, fraccionamientos, etc. Requerimos estar atentos e intervenir, de forma individual u organizada, en la elaboración e integración de los planes municipales de desarrollo y de los bandos de policía y buen gobierno, y participar en su seguimiento y evaluación.
Por cierto, el bando de policía y buen gobierno con frecuencia se menosprecia u olvida, sobre todo ante el centralismo secular que hemos padecido desde la Federación y desde las capitales de los Estados; esperando abordar el tema próximamente, sólo mencionaré por ahora que el documento mencionado no se refiere al actuar del cuerpo de policía (que lo incluye en el rubro de la seguridad pública) sino al ejercicio y prevalencia de la política en la localidad, es decir, al conjunto de acuerdos, normas o reglas que permitan la gobernanza local, o, dicho de otra forma, que faciliten la armonía social.
Las prácticas que propongo ciudadanizar y no ser coto exclusivo de los especialistas, servidores públicos y políticos partidistas, forma parte esencial de la dinámica democrática y requerimos integrarla a nuestra vida cotidiana y quehacer cívico, para crecer y madurar como ciudadanos; no se nos olvide que durante décadas, la conformación del sistema político mexicano (calificado en 1990 como la dictadura perfecta), tuvo como principales ejes un presidencialismo centralista, vertical y autoritario y una base social corporativa, que nos mantuvo en una minoría de edad en términos políticos, alejándonos o permaneciendo indiferentes y pasivos en el desarrollo de la vida pública.
Es hora de que -en el marco de una de las más graves crisis económicas que ha vivido nuestro país, provocada, entre otros factores por la pandemia del COVID- profundicemos y consolidemos el proceso democratizador que proviene de las reformas políticas generadas a partir del año de 1977, que permitieron la transición de un modelo de partido hegemónico hacia el pluripartidismo, abrieron las puertas a la alternancia y la pluralidad política en los tres órdenes de gobierno y arrancaron al gobierno federal el control y el manejo de las elecciones.
Que estas circunstancias que hoy nos circundan, extremadamente cruentas y dolorosas, sean el prólogo o preludio a la aparición de una sociedad más madura cívica y políticamente, integrada por ciudadanos y comunidades proactivas, emprendedoras y solidarias.
