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EL TOPO

José Antonio García Gallegos

José Antonio García Gallegos

José Antonio García Gallegos, Antropólogo Social, Universidad Iberoamericana, México. Asesor Legislativo, con experiencia en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

 

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Twitter: @josomx11

Nosotros ponemos los muertos y ellos las armas y las balas

Aprecio y agradezco comentarios, opiniones, cuestionamientos y hasta correcciones gramaticales sobre el texto anterior y de inmediato me autocritico: el poderío económico, político y social del narco, los cientos de miles de muertos por disputas territoriales o por el llamado combate a las drogas, la estigmatización de los consumidores de marihuana y otras situaciones igualmente negativas o desastrosas, no son resultado nada más de la ausencia o debilidad del marco jurídico, como pareciera ser que así lo di a entender. Ciertamente es un factor importante, pero hay otros de igual o mayor trascendencia, como la interacción con el gobierno de la vecina nación del norte, la fragilidad del estado de derecho y la carencia de una cultura de la legalidad en los diferentes estratos de la sociedad mexicana y los altos niveles de corrupción del aparato de procuración e impartición de justicia.

En el caso de la relación con Estados Unidos no olvidemos que, desde las primeras décadas del siglo XX hasta la fecha, han ejercido una profunda y significativa presión sobre las políticas públicas gubernamentales en esta materia, sobre todo para imprimirles un carácter prohibicionista o en función a sus intereses y necesidades estratégicas.

Una situación paradigmática que ilustra lo anterior ocurrió hacia el año 1940, cuando el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas despenalizó la distribución, compra y venta de las drogas, entre ellas la marihuana, la cocaína y la heroína; y con un novedoso y vanguardista enfoque de salud pública determinó que las personas con consumo tóxico o nocivo no debían ser considerados como criminales sino como enfermos, por lo que el Estado, a través de dispensarios públicos desarrollaría tratamientos y otorgamiento de dosis a quienes mostrasen dependencia a sustancias psicoactivas.

Sin embargo, esta política no logró permanecer más allá de medio año, al ser cancelada ante diversas formas de coerción por parte del gobierno norteamericano, entre ellas la de impedir la importación a México de sustancias como la cocaína y la morfina, argumentando que se requerían para la atención hospitalaria del ejército norteamericano en la segunda guerra mundial.

En los últimos años, los norteamericanos han alentado y fortalecido el enfoque militarista o de guerra contra las drogas en nuestro país, que como hemos reiterado ha provocado decenas de miles de muertos y desaparecidos, mientras que en el suyo impulsan profundos cambios normativos que facilitan y protegen el acceso al uso recreativo e industrial-medicinal de la marihuana. Dicho con un sarcasmo macabro o doloroso, mientras nosotros ponemos los muertos, ellos nos ponen las armas y las balas: en el año 2008 se firmó entre ambos gobiernos la famosa Iniciativa Mérida -que pareciera ser ya no continuará- con la cual se ha dotado de armamento, aeronaves, helicópteros y tecnología de punta a las policías federales y fuerzas armadas, dizque para aminorar el poder bélico del narco mediante la captura y encarcelamiento sistemático de sus cabecillas.

Antes de entrar al análisis del proyecto de ley, es necesario también detenerse en otro importante factor de tipo cultural que ha obstaculizado la regulación amplia de la marihuana, y me refiero a la estigmatización de sus consumidores por parte de diversos y significativos sectores de la sociedad mexicana, lo que repercute evidentemente en su criminalización. En los textos siguientes lo abordaremos.

Un afectuoso abrazo de año nuevo.

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