La Secretaría de Salud (SS) en compañía del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) dirigen una política pública sobre el aborto seguro en las 32 entidades federativas para asegurarse que la prestación de servicios cumpla las bases científicas y cuenten con la infraestructura de personal capacitado.
La directora general, Karla Berdichevsky Feldman dijo que una de las principales prioridades del CNEGSR es robustecer el trabajo en las entidades para ofrecer las medidas necesarias que permitan proteger y ejercer la autonomía reproductiva de las niñas, las adolescentes y mujeres.
«En ese contexto, se deben fortalecer las capacidades de los servicios de aborto seguro para que la atención se otorgue de manera universal, con calidad y calidez humana, sin importar que sean o no espontáneos», señaló Karla Berdichevsky.
La política pública de Lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México la podrás revisar aquí en donde se establece los elementos centrales para elevar los estándares de calidad en la mayor parte del país.
Enfatizó que en los lugares donde se castiga la práctica de la interrupción del embarazo se registra una mayor cantidad de prácticas que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres, ya que restringir las normas no disminuye la incidencia.
Asimismo, la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en México (UNFPA), Alanna Armitage, puntualizó que la criminalización del aborto no evita que se lleve a cabo. A nivel mundial, más de 60% de embarazos no intencionales terminan en aborto y 45% son inseguros.
“Despenalizar el aborto y garantizar su acceso en condiciones seguras implica un gran paso, no sólo para evitar la mortalidad y morbilidad materna, sino también representa un avance para garantizar los derechos y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva”, finalizó.
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SCP
