La militarización es un término de las ciencias sociales que denota un proceso mediante el cual actividades gubernamentales no bélicas son ocupadas por militares, o también que el marco legal transita hacia criterios castrenses. Tradicionalmente estos procesos se basan en la realidad, concreta o imaginada, de una superioridad técnica frente a cuadros civiles en actividades análogas. En el caso particular del México contemporáneo, esta superioridad se deriva del discurso presidencial sobre la moralidad como eje ético, esto es, una mayor resistencia a la tentación del desvío de recursos públicos a bolsillos privados (corrupción).

La crisis de seguridad pública que lleva ya 13 años y contando, sin duda sustenta en parte este diagnóstico, máxime cuando los “superpolicías” del pasado enfrentan juicios por corrupción en EU. Nadie pone en duda que la formación castrense en México está marcada por la lealtad y la disciplina. Defender el territorio nacional y nuestros mares es una misión institucional enmarcada en la Constitución.

El Sistema Integral de Vigilancia del Ejército cuenta para su operación con un Centro de Mando y Control con una tropa de 80 personas. Durante 2019 detectó 20 aeronaves que fueron interceptadas y decomisadas. En los últimos seis años el sistema neutralizó más de mil 300 vuelos del narcotráfico. El sistema incluye drones tipo Hermes que permanecen en el aire durante más de 24 horas.

Buenos resultados sin duda, en un momento en que al parecer hay un resurgimiento del trasiego de drogas por vía aérea. Las cifras son preocupantes. Durante 2020 se han reportado los siguientes casos: 6 de octubre, una avioneta Cessna es forzada a descender, chocando y estallando con saldo de dos muertos y 400 kg de cocaína incautada en Amealco, Querétaro; 5 julio, un jet matrícula XB-RCM, aterriza en el poblado de Polyuc a 40 km de Carrillo Puerto, Quintana Roo, con 390 kg de cocaína; 30 de agosto, un jet matrícula XB-OAP con mil 365 Kg de cocaína es asegurado en Palenque, Chiapas; 28 de mayo, fue detectada una aeronave tipo Hawker Siddeley HS 125, abandonada en el municipio de Othón P. Blanco, cerca de la frontera con Belice; 25 abril un Jet Hawker es asegurado en una pista clandestina ubicada en las inmediaciones del poblado Javier Rojo Gómez, municipio de Othón P. Blanco, QR, cerca de la frontera con Belice; 27 enero, una avioneta con matrícula norteamericana N305AG aterrizó en Nueva Israel, Bacalar, QR, con 600 Kg de droga, efectuándose un enfrentamiento entre un comando armado y un destacamento de la Sedena en el cual falleció el general brigadier DEM José Luis Vázquez Araiza.

En este contexto se ha escuchado sobre la intención de que la Sedna tome el control del tráfico aéreo nacional. Nadie pone en duda la capacidad técnica de nuestras fuerzas armadas. La cuestión es que los estándares internacionales recomiendan un promedio de 50 personas para operar eficazmente una torre de control. Bajo ese estándar, el Ejército y Fuerza Aérea requerirán de 3 mil 200 técnicos especializados, tan sólo para la operación los 64 aeropuertos internacionales. Si bien por el momento la crisis del CovdD-19 ha limitado el turismo y por ende el tráfico aéreo, esta situación tenderá a normalizarse presionando los servicios.

La idea de supervisar los aeródromos con personal de la Sedena y Semar, sin duda es buena ya que el trasiego de drogas seguramente hace uso de esta infraestructura (diferente a las pistas clandestinas). Volvemos a la pregunta. ¿Puede un contingente de cinco militares enfrentar a los comandos armados de los cárteles? En caso afirmativo se requieren 7 mil 325 soldados exclusivamente para cubrir los mil 465 aeródromos registrados ante la SCT. ¿Estos elementos serían reasignados de otras labores de seguridad pública o construcción de grandes proyectos? ¿Se trataría de personal nuevo?

El tema debe inquietar porque la sabiduría mexicana tiene una expresión a propósito de estas situaciones: “el que mucho abarca poco aprieta”.

Juzgue usted.