López supo cómo manipular a las masas a su favor. Pudo hacer de sus aliados enemigos acérrimos y de sus enemigos sus fieles cómplices. Esa forma de ser tan suya acabaría por restarle toda credibilidad y los militares se encargarían de derrocarlo.

En efecto, en 1854 los oficiales de la guarnición de Ayutla, Guerrero, hartos de los desplantes autoritarios de Antonio López de Santa Ana, elaboraron un plan que derivó en la revolución de Ayutla. Uno de los movimientos políticos más importantes de nuestro país, porque dejó atrás la tentación monárquica.

Entre los objetivos declarados en aquel remoto año, se destacó la discusión y aprobación de una nueva constitución, lo que se lograría en febrero de 1857. El artículo 136 de la constitución de 1917 es la transcripción del artículo 128 de su antecesora de 1857: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia...”

Se trata de un dispositivo jurídico nacido de la observación directa de cómo operan las dictaduras: comienzan por subvertir la ley para finalmente ignorarla y darle patente de corso a la ocurrencia, el desplante y el capricho.

Conocedores de la debilidad humana, los constituyentes de 1857 fueron previsores al incluir ese principio de atemporalidad del texto constitucional. La constitución no deja de existir solo porque se ignora o repudia.

Por esta razón causa sorpresa y estupor que el pasado 6 de febrero un día después del aniversario 105 del texto fundamental de 1917, el presidente López Obrador expresara “no me vengan que la ley es la ley”, en el contexto de la inconstitucionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica dictada por los ministros del a Suprema Corte.

Persisten la sorpresa y el estupor. Primero por la estrategia de manipular leyes secundarias para darle la vuelta al artículo 21 constitucional sobre la Guardia Nacional como institución civil.

Segundo, que ahora se defienda a capa y espada la atroz institución de la prisión preventiva oficiosa (PPO). Bajo los falaces argumentos del precandidato a gobernador, perdón, subsecretario de seguridad ciudadana Ricardo Mejía Berdeja, sobre la “puerta giratoria” y la “impunidad” en caso de extinguir tan retrógrada institución judicial, se cumple lo que antes se denunció: en éste caso si aplica que “la ley es la ley”.

La sabiduría popular reza que “toda comparación es odiosa”. No obstante, la historia de México resulta mucho más rica y profunda de lo que podría parecer bajo el manto de las versiones oficiales. El populismo de Antonio López de Santa Anna tiene en su germen los vicios y atractivos que comparten las dictaduras latinoamericanas. Bien haríamos en mantener la exigencia histórica para hacer de México un país de instituciones democráticas y no un edén de demagogia. ¿Usted qué piensa?