El pasado 1 de octubre el pleno de las Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión por demás polémica, confirmando el ambiente de toxicidad política que actualmente priva en México.
Seis ministros, incluyendo al presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aprobaron la constitucionalidad de consultar si se investiga o no delitos “del pasado”. Reproducimos íntegramente el texto final de la consulta popular que será votado en 2021.
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Entre los abogados litigantes se sabe que la argumentación jurídica es una técnica compleja que raya con el arte. Ello es posible porque el derecho es un campo semántico en donde la precisión es prioritaria. Por eso sorprende y altera ánimos que el máximo tribunal del país avale una frase vaga, ambigua, tortuosa.
El término “proceso de esclarecimiento” podría utilizarse para indagar quién de los menores de edad en casa se terminó las galletas y no implica una investigación formal. “Acciones pertinentes” no es un término jurídico específico, la acción pertinente para que el auto avance es pisar el acelerador.
La frase “decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos” podría ser el título de un ensayo preparatoriano sobre la caída de la gran Tenochtitlán o de la guerra de 1847.
Al no especificar “posibles víctimas”, queda abierta la pregunta ¿de qué o por qué?, revictimizando a todas aquellas personas que perdieron seres queridos en circunstancias aun sin aclarar. Toda vez que el uso de “posibles” arroja un manto de duda sobre ese dolor. A la hipotética afirmación “mataron a mi hijo”, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le espeta en la cara un presente subjuntivo digno del cómico Gaspar Henaine Pérez “Capulina”.
¿Qué fuerzas fueron las que impulsaron a los ministros a enlodar su prestigio a tal grado sordidez?
Si, la política. La política tóxica de venganzas, chantajes, ajuste de cuentas, de la necesidad de ver sobajado al rival, al contrario, al percibido enemigo. Tal parece que los impulsos subyacentes de nosotros los mexicanos aún buscan a un Huitzilopochtli a quién sacrificar víctimas humanas, las elecciones como guerras floridas y los perdedores camino a su sacrificio en la gran pirámide del Estado Mexicano.
A la humillación jurídica le devienen dos escenarios políticos que podrían complicarlo todo. Escenario 1, que la declaración de validez se alargue. Lo que ahora se busca desde el Senado de la República es que el Instituto Nacional Electoral incluya el texto de la consulta popular en la misma jornada electoral que el resto de los cargos a decidirse ese día. El órgano electoral deberá emitir la constancia de validez de la elección 2021 unos cinco días después de los comicios, es decir el 11 de junio. Así, la consulta popular tendrá fuerza vinculatoria (jurídica) durante tres años, es decir, hasta el 11 de junio 2024. ¿Pero qué pasa si hay impugnaciones que retrasen la fecha de validez? En teoría, la próxima administración federal podría echar mano de la consulta para “investigar” hechos del 2018 – 2024. Recordemos que este sexenio termina el 30 de septiembre 2024.
Escenario 2. La Ley Federal de Consulta Federal, estipula que para ser válida requiere una participación electoral de 40%. Toda vez que sería una papeleta o recuadro digital diferente al de los candidatos a elección popular: ¿Podríamos asistir a una elección en donde por estrategia o por ignorancia, los electores pasen por alto la consulta? ¿Podríamos tener una consulta fracasada por un diferencial de votación menor al de cargos de elección popular? En ese mismo sentido, ¿Qué pasa si la mayor parte del electorado mexicano, en una expresión de hastío, simplemente se abstiene ir a votar socavando el piso de 40%? Paradoja que beneficiaría a Movimiento Regeneración Nacional.
Haber aprobado la consulta popular para apaciguar las exigencias del poder, nos traerá más dificultades e incertidumbre de las que ya privan en los asuntos públicos de nuestro país. La nada jurídica como principio de constitucionalidad, en donde se entregó todo a cambio de nada.
Juzgue usted.
