Nadie extraña el ejercicio autoritario y muchas veces abusivo de la política interior del siglo XX. Sin embargo, el presente no ofrece rastro alguno de una gobernabilidad democrática digna del nombre.
Fernando Pescador Guzmán

La secretaria de Gobernación ha sido desde hace más de cien años un referente institucional de la política mexicana. Tradicionalmente ha sido el brazo fuerte del régimen para negociar, chantajear, imponer y, en su caso, reprimir. Fue durante mucho tiempo sede de un componente vital del ejercicio del poder.

Las facultades y recursos legales de la dependencia permitían a su titular una posición política clave, simbólicamente una posibilidad de futuro que le otorgaba permanencia y estabilidad al régimen. “tapados” políticos y precandidatos presidenciales fueron durante muchas décadas las figuras que dieron rumbo a la institución.

El segundo Informe de Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrece un panorama desolador para esa dependencia y las temáticas gubernamentales sobre las que opera. Aquí tres estampas.

El anexo estadístico del voluminoso Informe (1,296 páginas), nos ofrece prueba documental de como presenciamos una decadencia política disfrazada de Cuarta Transformación (4T). Nadie extraña el ejercicio autoritario y muchas veces abusivo de la política interior del siglo pasado. Sin embargo, el presente no ofrece rastro alguno de una gobernabilidad democrática digna del nombre.

El programa sectorial de Gobernación 2020- 2024 ofrece (página 5 de los “Indicadores de los programas de mediano plazo derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024”), dentro de su objetivo prioritario 1 (coadyuvar a recuperar el estado de derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional), los “parámetros de valoración” son el “porcentaje de efectividad en la publicación de ediciones ordinarias del DOF”.

Es decir, la gobernabilidad democrática se mide en torno al hecho de si el Diario Oficial de la Federación pudo ser publicado sin algún problema técnico de tal trascendencia que el pueblo de México viviera un día sin conocer sus leyes. Es de llamar la atención que, desde una visión de planeación estratégica, la edición de un periódico tenga tal prioridad.

Ello no es lo peor, el indicador registra “n.d” (no disponible) para el ejercicio 2019. Lo cual resulta bizarro, por decir lo menos, ya que, durante todo el año pasado, este tecleador consultó en línea el DOF de manera cotidiana. Entonces, o el indicador publicado es erróneo, porque el DOF estuvo todos los días hábiles en línea, o durante todo un año (2019) ningún servidor público tuvo la obligación de registrar la cifra. Y así se reportó a Presidencia de la República. Nada que celebrar.

Otra estampa de esta tragicómica situación se ubica dentro del objetivo 2 (coadyuvar a la construcción de paz, página 6), para el cual el indicador es el “porcentaje promedio de la población que manifiesta tener confianza en las personas de sus distintos ámbitos”.

La confianza es, en efecto, un componente importante de la cultura política de un pueblo. Por ello resulta lúdico que la cifra de resultado para los ejercicios 2019 y 2020 de nueva cuenta tenemos “n.d”. La planeación, esa técnica que tanta desconfianza le genera a los funcionarios de la 4T, recomienda que, si una meta u objetivo no aporta información útil para modificar un estado de cosas, debe ser sustituido o modificado. Luego entonces, si la encuesta en que se basa este indicador ya no se realiza desde hace dos años, carece de sentido mantenerlo en los informes.

Finalmente, los servidores públicos encargados de compilar las aportaciones de las dependencias y organismos descentralizados, no cayeron en la cuenta de que la Segob reporta, dentro del objetivo prioritario 6 (páginas 6 y 7) (Impulsar la democracia participativa), el parámetro de “confianza en el Gobierno Federal a nivel nacional” de nueva cuenta el “n.d” para 2019 y 2020. Sin embargo, en el texto del informe (página 4) se cita la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, estudio demoscópico del Inegi, en cuya batería de preguntas la sección XI precisamente aborda la “confianza en instituciones “(sic). No hay error en que se transfieran actividades técnicas entre agencias de gobierno. El problema es reportar una actividad en cero y presentarla como “logro de gobierno”.

Juzgue usted.