Entre todos los problemas que aquejan al país, los previamente existentes y los provocados por las políticas públicas equivocadas, en días recientes fue muy destacada la reacción del Ejecutivo al Informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto público en 2019. Dicho documento incluyó observaciones por 101 mil millones de pesos por irregularidades en el gasto de ese año, incluyendo desvío de recursos, gastos no justificados, padrones de beneficiarios deficientes, entregas de apoyos a destiempo, contratistas ficticios y beneficiarios fantasma.
Pero lo más destacado en el informe fue el cálculo del costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco: $332 mil millones de pesos (mmdp). Esta cifra provocó el enojo del Presidente, frente al monto que él ha anunciado como costo total de cancelación, es decir de “solamente” 110 mmdp. La cancelación de las obras del aeropuerto es una especie de “pecado original” de la 4T que parece que seguirá apareciendo en el transcurso del sexenio. López Obrador solicitó a la Cámara de Diputados por escrito una investigación contra la ASF.
El 1 de marzo, el titular de la ASF, el economista oaxaqueño David Colmenares, con una larga carrera en temas de auditorías y ejercicios de gasto por parte de gobiernos estatales y el federal, se presentó con sus auditores ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. O sea, ante sus jefes. En lo que fue una débil defensa frente a los embates recibidos en la mañanera, Colmenares declaró que en los informes la ASF “siempre se ha conducido con estricto apego a la legalidad” y “no ha actuado con intereses personales en el proceso de fiscalización”. Esto, después de que el 22 de febrero, mismo día de la inconformidad presidencial, Colmenares se apresuró a aceptar que había “inconsistencias” en el monto publicado de $332 mmdp. ¿Quién va a defender al Auditor si no se defiende él mismo?
Ante dicha Comisión, se anunció la separación “temporal” de Agustín Caso Raphael, auditor que estaba a cargo del tema del aeropuerto, al tiempo que otro de los auditores indicó que no era posible por ahora dar una suma total del costo preciso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Mal anda la cosa.
Conviene subrayar que en lo que se refiere a observaciones por los 101 mil millones de pesos mencionados, no hay porqué poner el grito en el cielo: es procedimiento normal de cada auditoría anual la detección de irregularidades que luego se analizan con los órganos auditados para su posible resolución. Hasta donde yo puedo ver, muy pocos funcionarios mexicanos han sido procesados por esas auditorías (un caso destacado: la Estafa Maestra).
El tema, a mi modo de ver, tiene mucho más que ver con la forma en que el Presidente aprovechó la oportunidad del informe de la ASF para atacar a uno más de los organismos autónomos, en este caso uno que no depende del Ejecutivo, sino del Legislativo. No por eso se libró de ser vapuleada.
Conviene recordar que en estos dos años de gobierno, el ejercicio presupuestal ha sido particularmente obscuro y las asignaciones directas del gasto público más abundantes que en el pasado: según Amparo Casar, en 2019 el 78.1% de las obras fueron adjudicaciones directas. (Esta investigadora ha tratado este tema en numerosos artículos, enfatizando que la cantidad y calidad de la información pública ha decrecido considerablemente en estos dos años. Por ejemplo: actualmente está reservada durante cinco años la información del aeropuerto de Santa Lucía por motivos de seguridad nacional.)
En este contexto, una ASF que cumpla estrictamente con sus funciones es un claro estorbo para la 4T, como lo es, en otro terreno, el organismo autónomo encargado de la transparencia.
Es irónico y contradictorio que el discurso de “No somos iguales” y la cruzada verbal contra la corrupción se utilicen para justificar la carencia de información sobre el gasto público, y el rechazo absoluto a toda crítica al respecto, incluso si proviene de los organismos que en la Administración Pública mexicana están encargados precisamente de esa revisión.
Nada bueno va a resultar de este triste episodio. O bien una auditoría desprestigiada generará cifras que sean aceptables para el Presidente en el tema del aeropuerto, o bien Colmenares será sustituido por alguien cercano a la 4T, y la ASF se portará bien desde ese momento. O las dos cosas.
