En estos días el Presidente reanudó sus críticas contra los organismos autónomos y anunció que prepara una reforma para eliminarlos. Explicó que las instituciones de transparencia y regulación son costosas, que dan pocos resultados “para el pueblo”. Los calificó de “tapaderas… organismos alcahuetes que justifican todo”. El País (8 de enero). Con ello, anunció que se seguirán eliminando instituciones cuya construcción tomó tiempo y esfuerzos, y cuyo principal fin es servir de contrapeso a las decisiones gubernamentales. Es decir, se van a sustituir los criterios técnicos de operación por criterios políticos, y la transparencia por la decisión de los funcionarios de dar información o no, a su gusto y conveniencia.
Es el momento de recordar que la creación de entidades autónomas fue parte de largos procesos de reforma política y modernización del aparato estatal, demasiado sometido por tradición (y por desgracia) a la voluntad de un solo hombre, y a la centralización de las decisiones en el centro del país.
Los ejemplos más exitosos de la modernización administrativa del estado fueron el logro de la autonomía del Banco de México, para evitar que la política monetaria quedara sujeta a las ocurrencias del Ejecutivo, y la existencia de un IFE autónomo, ahora INE, cuya creación –quién lo duda— fue un claro avance frente a la alternativa anterior, cuando la Comisión Federal Electoral era presidida por el Secretario de Gobernación, y usada como mecanismo para poner las elecciones al servicio del partido en el poder.
Por ahora, el INE y el Banco de México no parecen estar en la lista negra, pero nadie ignora que el INE ha sido objeto de múltiples ataques, e incluso de burlas, desde las mañaneras, y que desde el Legislativo se han presentado iniciativas, hasta ahora aisladas, para limitar su poder o cambiar su estructura, y el Banco de México se enfrenta ahora mismo al intento de cambiar su legislación por razones externas a sus funciones y objetivos legales.
Todos hemos visto con asombro en estos dos años cómo se han recortado las entidades estatales, los sueldos y prestaciones de los empleados públicos, los fideicomisos especializados, se han congelado o reducido las participaciones fiscales a los gobiernos locales, y de un plumazo se redujeron en tres cuartas partes los gastos operativos de entidades públicas, incluyendo las sociales y culturales. Con todo ello se muestra un desprecio por las entidades gubernamentales encargadas por Ley de diseñar y aplicar las políticas públicas.
Los argumentos para los recortes y desapariciones han sido principalmente dos: la supuesta corrupción (nunca demostrada, como en el caso del aeropuerto o de las estancias infantiles), y el que estos organismos limitan los recursos presupuestales que se deben transferir “al pueblo”. En algún momento del 2020 el titular del Ejecutivo declaró algo que debió haber alarmado a todos los funcionarios actuales y exfuncionarios, así como a los mexicanos creyentes en la acción transformadora de las políticas públicas: dijo que su gobierno “iba bien” porque cada vez se transferían más recursos públicos a los pobres. (¡)
Este argumento, tal vez bienintencionado, es a mi manera de ver completamente equivocado. Se trata de desarmar los instrumentos de antiguo estado desarrollista y los modernos instrumentos de política social (estancias infantiles, Seguro Popular, entidades de apoyo a mujeres, etc.) simplemente para incrementar los subsidios directos a la población.
Sin embargo, ningún país se ha desarrollado repartiendo los recursos presupuestales a su población de menores ingresos. El desarrollo de un país y la reducción de su pobreza es resultado de la inversión pública y privada, de la inserción productiva en la economía internacional, y de políticas estratégicas de largo plazo.
Un ejemplo demoledor, definitivo, imposible de ignorar, es el desarrollo de China, que hace 40 años dejó el centralismo y cedió los monopolios estatales para apoyar reformas de mercado, aceptar inversión extranjera para volverse competitiva a nivel mundial, creó zonas económicas especiales y abrió su economía al mundo. Con todo esto, entre 1979 y 2017, hizo crecer su producto interno a una tasa promedio anual de 10%, duplicó si PIB cada 8 años y, sobre todo, sacó a 800 millones de personas de la pobreza.
Si no se entiende y atiende desde ahora, el desarrollo de México hacia el futuro cada vez habrá menos recursos que repartir y todos seremos más pobres.
