En un giro que ha dejado perpleja a la opinión pública, figuras clave del pasado reciente de México, cuyos nombres se asociaron a operaciones para mitigar la corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto, resurgen en la escena gubernamental.
Esta reaparición ha generado interrogantes sobre el compromiso actual del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la lucha contra la corrupción.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ahora se enfrenta a una oportunidad única para demostrar que su gobierno no es una continuación de las prácticas ejecutadas en el anterior sexenio. Los fantasmas del pasado no deberían influir en la presente lucha contra la corrupción.
En un contexto similar de herencias malditas, se ha suscitado la cuestionable designación de David Cárdenas Álamo como Director General de Control y Evaluación en la Contraloría del Estado de México.
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Se plantea la interrogante sobre si esta designación fue el resultado de compromisos no declarados.
David Cárdenas, al menos en apariencia, contradice los principios de transparencia que tanto pregonan la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el presidente López Obrador.
La pregunta que resuena en la esfera gubernamental es: ¿qué tan en serio se está tomando la actual administración la limpieza de la casa? ¿Qué acuerdos se han fraguado tras bastidores? La figura de Hilda Salazar Gil, Contralora del Estado de México, se encuentra en el ojo de la tormenta. Las respuestas a estas incógnitas serán cruciales para determinar si el gobierno actual está dispuesto a cumplir con su promesa de erradicar la corrupción y garantizar la ansiada «caja de cristal» en todos los niveles de la administración pública.
La ciudadanía observa atentamente, y las decisiones tomadas en los próximos meses arrojarán luz sobre el compromiso real del gobierno de México con la justicia y la rendición de cuentas.
Los fantasmas del pasado ya no pueden seguir escondidos, y es responsabilidad de las autoridades actuales enfrentarlos con determinación y transparencia.
