Un acontecimiento inusual y significativo se aproxima en la Ciudad de México, donde cerca de dos mil personas en prisión preventiva tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto a partir del próximo lunes.
Esta iniciativa, liderada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), marca un hito en el proceso democrático del país.
Según declaraciones del consejero del IECM, Bernardo Valle, quienes se encuentran en centros penitenciarios no poseen su credencial de elector, lo que ha llevado a implementar un proceso especial para garantizar su participación en las elecciones. Funcionarios electorales estarán presentes para verificar la identidad de cada votante a través del listado nominal y asegurar que el ejercicio del voto sea confidencial.
El procedimiento electoral dentro de los penales será meticuloso. Cada votante recibirá un sobre que contendrá las boletas correspondientes a las elecciones presidenciales, para jefe de Gobierno, alcalde y diputado local. Una vez en la mampara, podrán emitir su voto en total privacidad, garantizando así la confidencialidad del sufragio.
Para evitar cualquier intento de influencia externa en el proceso electoral, se tomarán medidas estrictas. Las mamparas se ubicarán estratégicamente para proteger la privacidad del voto, y los sobres sellados serán trasladados a las bodegas de los Consejos Distritales para su conteo, que concluirá el 2 de junio.
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El proceso de votación se llevará a cabo en varios centros penitenciarios de la ciudad. En el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por ejemplo, un total de mil 24 personas votarán entre el 6 y el 10 de mayo. Asimismo, en otros centros como el Varonil Norte y Sur, y en los centros de reinserción social, se habilitarán mesas de votación para aquellos que estén en prisión preventiva.
Este esfuerzo por incluir a las personas privadas de libertad en el proceso democrático es un paso crucial hacia la igualdad y la justicia social.
Además, refleja el compromiso de las autoridades electorales por garantizar la participación de todos los ciudadanos, sin importar su situación legal.
El consejero Valle informó que mil 862 personas podrán votar gracias a una combinación de inscripciones previas y juicios ciudadanos. Sin embargo, aún quedan 307 juicios pendientes por resolver, lo que indica que el proceso de inclusión electoral está en curso y continúa siendo una prioridad para las autoridades.
En resumen, la habilitación del voto para personas en prisión preventiva es un avance hacia una democracia más inclusiva y representativa. Este acto no solo reconoce los derechos fundamentales de los individuos, sino que también fortalece la integridad y legitimidad del sistema electoral en su conjunto.
