Algunos lectores se acercaron a este tecleador para preguntar sobre la naturaleza de las medidas que, en su caso, el gobierno de Estados Unidos (al margen de su origen partidista), podría tomar para presionar a México en materia de combate al trasiego internacional de drogas.
El instrumento de política exterior más reciente, diseñado para castigar “estados canalla”, sin duda es la Ley Global Magnitsky. Norma jurídica aprobada en 2012 por el Congreso de Estados Unidos (EU), es considerado por algunos expertos como un instrumento de “guerra jurídica” (lawfare), mediante la cual se busca sancionar a funcionarios extranjeros que violaron derechos humanos o que estén involucrados en actos notorios de corrupción. El nombre se tomó del abogado ruso Sergei Magnitsky, quién habría sido asesinado por agentes de los servicios de inteligencia de Vladimir Putin.
Esta legislación resulta relevante porque se aplica a personas específicas que ocupan altos cargos gubernamentales. Es un ejemplo claro de aplicación extraterritorial de la ley, ya que busca castigar conductas ilegales fuera del territorio de EU. Las sanciones, además de la cárcel, incluyen la congelación unilateral de cuentas bancarias, con sede en EU, tanto del imputado como de sus familiares o socios más cercanos y la negación o retiro de visas para ese país.
Las autoridades norteamericanas la han utilizado ya en casos de tráfico de armas y trasiego de drogas con el encarcelamiento del narcotraficante ruso Konstantin Yaroshenko, detenido en Liberia en 2011.
La Ley Magnitsky en su reporte de resultados 2019 confirma que fue aplicada en el caso judicial contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, “por un conjunto de actividades de corrupción, como el desvío de bienes públicos y la recepción de sobornos provenientes de organizaciones mexicanas del narcotráfico”. Cabe notar que, con este caso particular, existe ya un antecedente de aplicación de esta ley a un ex funcionario mexicano.
Ahora bien, esta ley no se restringe, como ya mencionamos, a la materia del narcotráfico. Actos de corrupción en materia de “contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales” también puede ser perseguidos. A la fecha, el gobierno de EU ha aplicado la ley Magnitsky a 77 personas de nacionalidades tan diferentes como birmanos, chinos, dominicanos, rusos, saudíes, turcos y ugandeses, todos funcionarios de alto perfil o pertenecientes a órganos de inteligencia.
Queda claro entonces el poderío del arsenal jurídico para presionar gobiernos. Así, ante un escenario donde México incumpla, por cualesquiera razones, con los objetivos de combate al trasiego de drogas, funcionarios de la Cuarta Transformación (4T) potencialmente correrían el riesgo de ser blanco de la aplicación de esta ley.
Esta herramienta de la geopolítica norteamericana podría ser utilizada adicionalmente para presionar a funcionarios de Petróleos Mexicanos o de Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, en caso de cancelar contratos de interés para EU porque para la 4T pudieran resultar “leoninos”. En este caso hipotético, en el cual el cambio unilateral de reglas del juego bien podría ser interpretado como “corrupción” por los norteamericanos, habría que esperar si el gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, opone la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
Podemos afirmar que en el futuro cercano las relaciones con EU podrían regresar a un formato de frialdad diplomática, distanciamiento ideológico y de cruda asimetría de poder, en donde las zanahorias se han acabado y sólo existe un garrote bastante largo.
Juzgue usted.
