Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs): Amnistía Internacional y #SeguridadsinGuerra, emitieron un comunicado donde informaron la preocupación que tienen respecto a la decisión del Gobierno Federal, acerca de la militarización en seguridad pública.
Argumentaron que lo anterior ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humanos; motivo por el cuál, hace un llamado a que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
“Nuestro llamado al gobierno incluye que: reitere su compromiso de devolver las fuerzas armadas a sus cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país, particularmente en las zonas con más altos índices de violencia y criminalidad en el país”.
Organizaciones Sociales Amnistía Internacional y #SeguridadsinGuerra
Además, agregaron que las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para que en la legislación se prevea el uso arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En su Informe 2020/21, Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró al menos 219 quejas contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019. De esa cifra, 51 quejas fueron por detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante, tres por tortura, dos por homicidios ilegítimos y dos por desapariciones forzadas.
Cabe resaltar que, dichas cifras podrían ser mayores ya que resulta difícil determinar el número total de violaciones a derechos humanos que cometió y está cometiendo la Guardia Nacional, debido a la falta de transparencia de las autoridades y la ausencia de un mecanismo especializado e independiente de rendición de cuentas.
Además, se debe considerar el hecho de que las víctimas a menudo tienen miedo de denunciar a las fuerzas de seguridad por temor a represalias.
Migración
En el caso de las personas migrantes, la Guardia Nacional está siendo utilizada como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional. Recientemente, el secretario de la Defensa Nacional aseguró que las fuerzas armadas tienen como uno de sus objetivos detener toda la migración en la frontera sur.
Finalmente, destacaron que diversas OSCs han advertido que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada el 27 de mayo de 2019, «contraviene las obligaciones del Estado mexicano respecto de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida, lo que puede resultar en la violación a los derechos a la vida, la integridad física y mental, la igualdad y no discriminación, y las libertades de reunión, asociación y de expresión, todos contenidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte».
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Toda esta situación llevó a la CNDH a presentar una Acción de Inconstitucionalidad, la 64/2019, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando una advertencia sobre la intención de usar la fuerza y la alarmante disposición que autoriza el uso de la fuerza letal desde la planificación de un operativo.
Las OSCs también ven con preocupación la intención del Gobierno federal de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante una reforma constitucional, lo que institucionalizaría de manera permanente la seguridad pública en manos de militares.
AC.
