La Secretaría de la Función Pública impuso una sanción a Emilio Lozoya Austin, ex director general de PEMEX, para inhabilitarlo por 10 años en cargos públicos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) buscar y entregar los documentos que den cuenta de las personas físicas y morales sancionadas por el caso Odebrecht, entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de febrero de 2021, su razón social, así como el tipo de sanción y fecha en que fue impuesta, precisando, en el caso de las multas, si se cubrieron o no.
“Celebro que las personas sigan atentas a este tipo de casos emblemáticos, pues esta solicitud de información se constituye como seguimiento a las acciones que se siguen realizando para combatir el fenómeno, tan enorme en nuestro país, de la corrupción y ejemplifica cómo el acceso a la información pública es una herramienta eficiente para el combate”
afirmó el Comisionado Oscar Guerra Ford.
Al presentar el caso ante el Pleno, expuso que, a nivel mundial, diversos servidores públicos han sido sancionados por el caso Odebrecht, como el Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión en 2017, y el ex Gobernador de la región andina de Áncash, en Perú, César Álvarez, sentenciado a ocho años y tres meses de cárcel en 2019.
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Señaló que, en México, a partir de abril de 2020, las empresas Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional S.A. de C.V. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. fueron inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal.
“Además, en mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública impuso una sanción a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, consistente en inhabilitarlo por 10 años para su desempeño en cargos públicos y es investigado actualmente por la Fiscalía General de la República”
indicó Guerra Ford.
En respuesta a la persona interesada en conocer la información, la SFP señaló que no localizó un documento con las características y el nivel de detalle requerido.
No obstante, por conducto de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, informó que se han impuesto más de una docena de sanciones a exfuncionarios, personas físicas y empresas, que han derivado en inhabilitaciones hasta por 10 años en el servicio público y sanciones económicas que ascienden a más de mil 639 millones de pesos, sin resolución firme.
Asimismo, la dependencia indicó que tiene investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa en curso y, como dato adicional, refirió la inhabilitación de un funcionario de alto nivel en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Inconforme, porque la SFP proporcionó información general y no los documentos que dan cuenta de sus acciones para sancionar a servidores públicos y proveedores involucrados en el caso Odebrecht, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.
A. R.
