El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución este lunes en la que dictamina la obligación de entregar versiones públicas de los contratos suscritos por el gobierno de México con las empresas AstraZeneca y Serum para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
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Sin embargo, la Corte determinó que las negociaciones relacionadas con estas transacciones podrán mantenerse en reserva por un período de hasta cinco años, si se puede demostrar que su divulgación comprometería la seguridad nacional.
El fallo del máximo tribunal se originó a raíz de dos recursos de revisión relacionados con asuntos de seguridad nacional, en los cuales la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) cuestionó las decisiones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que avalaban la publicación de los mencionados contratos.
El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, explicó que, basándose en antecedentes de casos similares y bajo el principio de máxima publicidad, no existen impedimentos legales para la divulgación de los contratos una vez que se hayan eliminado los datos personales que pudieran estar presentes en los documentos.
«Se consideró apropiado cambiar la razón de reserva, pasando de la negociación en asuntos internacionales a la seguridad nacional. Siguiendo esta lógica, se considera válida la divulgación de los contratos mencionados en forma de versiones públicas, y se modifica el período de reserva para establecerlo en cinco años», afirmó el ministro Pardo.
Las solicitudes de información pública también abarcaban las negociaciones llevadas a cabo por México en el contexto del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax, por sus siglas en inglés), creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el ministro Pardo propuso rechazar la objeción en este punto, ya que esta información ya ha sido hecha pública por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Este fallo de la SCJN establece un equilibrio entre la transparencia en las adquisiciones gubernamentales y la protección de información sensible para la seguridad nacional, marcando un precedente en la divulgación de acuerdos contractuales relacionados con la lucha contra la pandemia de COVID-19.
