El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en el cual se le recortan cuatro mil 913 millones de pesos, en comparación con lo solicitado por el organismo.
El INE argumentó que la Cámara de Diputados lo dejó sin fondos para cumplir con la consulta de revocación de mandato, la cual se realizará en abril de 2022 y se determinará la continuidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se necesitan tres mil 830 millones para llevar a cabo el proceso.
“El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral”, señaló el INE.
El organismo electoral explicó la elaboración de la propuesta presupuestaria donde, aseguró, se contemplaron los recursos para la revocación de mandato y para una probable consulta popular, pues se atendió la decisión de la SCJN de que la autoridad electoral tenía la obligación de prever los recursos suficientes para ejercicios de participación ciudadana.
“Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede mucho la solicitud formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto los recursos necesarios para organizar eventualmente, la Revocación de Mandato”
Instituto Nacional Electoral
Por lo anterior, aseguró no estar en condiciones de cumplir con sus funciones como se indica en la Constitución. Por otro lado, con el recorte presupuestal, explicó el organismo, se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Carta Magna, además del ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía.
El INE reiteró su disposición y recalcó su experiencia para llevar a cabo el ejercicio de participación en 2022, además manifestó su confianza en las instituciones de justicia de la nación para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Finalmente, subrayó que debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios de legalidad y certeza.
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