El mes de septiembre 2022 será recordado como uno de los putos más bajos en la credibilidad de las fuerzas armadas de nuestro país. En un espacio reciente analizamos los tres ataques estratégicos que han sufrido los militares (críticas por el aumento presupuestal, los señalamientos por el caso Ayotzinapa, el hackeo a los servidores y robo de 6 terabytes de información).
A raíz del hackeo, han surgido las pruebas de que la SEDENA ha utilizado el software especializado en infección de teléfonos inteligentes denominado “Pegasus”. El mismo que se habría utilizado el sexenio pasado para la misma función: conocer las fuentes confidenciales detrás de las filtraciones que tanto afectan la credibilidad de los gobiernos. Este asunto en particular echa por tierra una de las consignas de la Cuarta Transformación: “no somos iguales”. El robo de información a la institución castrense pone al descubierto lo contrario.
Tanto golpeteo al ejército pone bajo escrutinio la dinámica institucional de las relaciones civiles – militares en nuestro país. Es un tema que durante décadas nos diferenció de la coyuntura del resto de Latinoamérica: en México los militares no se dedicaban a la política desde los cuarteles, esperaban el retiro para ser diputados o senadores.
Ello está cambiando frente a nuestros ojos. Tras prácticamente un cuarto de siglo en funciones de seguridad, particularmente el ejército mexicano se encuentra ante un parteaguas. Los eventos de la semana pasada dejan entrever que ciertos intereses están operando para que las relaciones civiles – militares se modifiquen. ¿Hacia a dónde? Esa es la cuestión.
La militarización de la seguridad pública mediante el control operativo de la Guardia Nacional (GN) por parte de la SEDENA no se aprecia como una estrategia para enfrentar al crimen organizado. El principio de “abrazos, no balazos” no se altera con la modificación al artículo 5° transitorio de la reforma constitucional que creó a la GN en marzo de 2019.
Luego entonces, queda abierta la posibilidad de que en realidad lo que se pretende con la reforma es sentar las bases para que los militares tomen partido en la presidencial de 2024. O por lo menos así lo percibe cierto sector social.
Finalmente, se aprobó en el Senado de la república la reforma al artículo 5° Transitorio de la reforma constitucional que creó en 2019 a la GN.
Con los votos de senadores del PRI y PRD se logró tener a los militares en tareas de seguridad pública hasta 2028. No pasa desapercibido el perfil de algunos de quienes votaron a favor. La senadora por Sonora, Sylvana Beltrones, quién tiene documentada una cuenta en Andorra por 10.4 millones de dólares. También votó a favor de la reforma el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, a quién la fiscalía local le imputa la creación de un centro de espionaje denominado “sterling” que se utilizó para el seguimiento de opositores y labores para determinar la viabilidad de grandes proyectos inmobiliarios.
Como se puede observar, a los opositores los tienen bien agarrados de donde más les duele. Le dicen política.
La reforma que se aprobó, si difiere del texto original aprobado por los diputados federales e incluye una suerte de “controles” por parte del legislativo. La acción de la GN, bajo mando operativo de la SEDENA, deberá presentar informes semestrales a la comisión bicameral respectiva. Sólo que esas comisiones a veces se les pasa cumplir con su propio calendario de sesiones. También se aprobó un Fondo de Apoyo para Entidades y Municipios a partir de las incautaciones que realice en cumplimiento de su deber la GN, lo que parece un disparate en vista de los antecedentes en la materia.
“Relajan seguridad en importación de alimentos”
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma que actualiza el Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC) con 15 empresas de producción y distribución de alimentos, todas ellas marcas conocidas en todos los hogares del país. En esencia el pacto busca la homologación de los precios de los 24 productos que conforman la canasta básica para quedar en mil 39 pesos, con la medida adicional del congelamiento de las cuotas de peaje en las carreteras del país.
Sin embargo, causó revuelo que la nueva versión del PACIC incluye una relajación de los controles sanitarios en la importación de productos alimentarios como huevo, pollo, carne de res, cerdo y pescado, así como tortillas. Además las importadoras serán eximidas de pagar el impuesto general de importación por ello.
El problema es que en la búsqueda de alimentos más baratos para la población se puedan distribuir productos con altos índices de sustancias orgánicas e inorgánicas nocivas para la salud. Olvídese del empaque con sellos de exceso de sodio. ¿Compraría pescado japonés con altos índices de radiación producto del desastre en Fukushima? ¿Se compraría trigo a los rusos que lo robaron de Ucrania?
En todo caso el país a quién más alimentos compra México sigue siendo Estados Unidos por un monto en 2021 de 26 mil 555 millones de dólares. Cabe esperar que en el corto plazo las medidas adoptadas por el gobierno de la república beneficien a los socios comerciales del norte. ¿Manazo por andar queriendo cambiar las reglas del T-MEC?
¿O acaso, parte de esta estrategia es solamente “brincar el pico inflacionario” sino de manera velada llenar el hueco administrativo que está dejando el desfalco y desorden financiero causado por SEGALMEX? ¿Sería posible que esas “compras de remate” de alimentos estén pensadas para que se canalicen vía los programas sociales a los más pobres? ¿Una nueva versión del “frijol con gorgojo”? El tiempo lo dirá.
Los recursos del INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado bajo amenaza constante de recortes presupuestales. Nadie se opone a un gasto público ordenado y racional, pero disminuir el presupuesto para afectar la eficacia de las funciones constitucionales del órgano autónomo no le conviene a nadie. ¿A nadie? Casi.
Hablando del INE, resulta que se aprobó por unanimidad el Modelo de Operación del Programa Piloto del VMRE en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero (MRV), para los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023 en Coahuila y Estado de México.
Los connacionales podrán votar para la gubernatura correspondiente de manera presencial en los Módulos Receptores de Votación ubicados en los consulados generales de Chicago, Dallas y Los Ángeles en Estados Unidos, así como de Montreal, Canadá.
Llama la atención que originalmente, la estrategia para captar el voto de los mexicanos en el extranjero, fuera el voto electrónico precisamente porque abarataría los costos de operación del instituto.
Sin embargo, como esta nueva iniciativa se viene coordinando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior resulta que el costo no es factor de ponderación.
Así cuando se han entregado 7.2 de los 36 mdp para la operación de los procesos electorales en Coahuila y Estado de México, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, controlada por MORENA, le dan largas al INE y se quejan de que no se observe la “austeridad republicana”. Pero ir a gastar en dólares americanos y canadienses para que funcionarios del gobierno se tomen la foto, para eso sí hay. El problema del doble estándar es ese, le abre el camino a la arbitrariedad.
Pasó desapercibido por muchos que precisamente el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, encabezó la misión internacional de observadores electorales para la presidencia de Brasil. Se dirá lo que se quiera del doctor Córdova, el hecho es que México es reconocido a nivel internacional por su sistema electoral. Pero ello no es, al parecer, razón de orgullo o cálculo geopolítico siquiera.
Un sistema político en donde aumentan cada día las funciones de los militares, y a la par se vapulea a la institución encargada de velar por la certeza del voto ciudadano, desconociendo el renombre internacional que tiene, marca un rumbo acia formas de gobierno que se creían rebasadas.
