La Arquidiócesis Primada de México emitió un comunicado relacionado con la denuncia en contra de José Víctor Ortiz Montes, presentada ante el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis de México el 1 de septiembre de 2017.
En este contexto, la jerarquía católica señaló que, previo a la referida fecha, no se tiene registro de ninguna denuncia contra el ahora exsacerdote.
De acuerdo con la Arquidiócesis, tras recibir la denuncia se inició el procedimiento de investigación y posteriormente, un proceso penal administrativo, que concluyó con la determinación de la expulsión del estado clerical de Ortiz Montes en octubre de 2020.
Esta sentencia, tras varios recursos de apelación, fue confirmada por el Dicasterio en septiembre de 2022, avisada en diciembre de ese año, y recibida formalmente en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano en enero de 2023.
Cabe resaltar que, al recibir la denuncia, la Arquidiócesis presentó un informe/notificación el 5 de septiembre de 2017 ante la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis de la entonces Procuraduría General de la República.
Esto, en orden al artículo 12 bis de la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La Arquidiócesis realizó este informe/notificación al ser un deber de las asociaciones religiosas y una responsabilidad que tenemos ante los fieles de la iglesia.
Asimismo, la Arquidiócesis aclara que no hizo una denuncia, pues ésta es un derecho que corresponde a la víctima o sus tutores o cuidadores.
La Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, fue el organismo a cargo de remitir el informe entregado a la competencia jurídica que correspondiera para dar el seguimiento debido.
Es importante señalar que la Arquidiócesis de México ha sugerido en varias ocasiones a las víctimas presentar una denuncia ante las autoridades del Estado mexicano, a fin de que se realice la investigación correspondiente.
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El documento también menciona que, “ni la Arquidiócesis ni ninguna comunidad religiosa tiene la competencia de determinar la culpabilidad de una persona en el ámbito penal”. Por lo que resaltó la importancia de que las victimas acudan ante las autoridades del Estado mexicano a denunciar para que se abra una carpeta de investigación y puedan tener justicia plena de su denuncia penal.
Para finalizar el comunicado también puntualiza que en diversas ocasiones se les ofreció asistencia jurídica a las víctimas: la primera fue en abril de 2019, la segunda fue en noviembre de 2021 y después en diciembre de 2021. De igual manera, en febrero de 2022 se les ofreció acompañamiento y apoyo de SNAP México.
