El crimen organizado ha obligado a miles de jóvenes a involucrarse directamente en acciones ilegales, violando sus derechos humanos
Múltiples notas periodísticas han dejado ver el riesgo en que se encuentran niñas, niños y adolescentes ante el reclutamiento forzado para formar parte del crimen organizado. Se han recabado testimonios de jóvenes que fueron reclutados a temprana edad por la delincuencia organizada y dejan ver los múltiples factores que los colocaron en una situación vulnerable frente a estos grupos que ponen en riesgo su integridad psíquica, física y, en ocasiones, hasta su vida, siendo víctimas de trata de personas en sus diferentes modalidades.
De acuerdo con el “Estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamientos a un problema complejo”, los factores que inciden en este tipo de prácticas son multifactoriales, pueden ser de carácter individual, familiar, comunitario, contextual y escolar.
También influyen aspectos como la edad, el género, situaciones personales, tipo de familia, violencia familiar, abandono, violencia escolar, deserción escolar, discriminación, pobreza, marginación, desigualdad, inseguridad, contacto con personas implicadas en la delincuencia, migración y migración forzada, falta de oportunidades, presencia de grupos delictivos en la zona donde viven, entre otros.
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Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias para adoptar, de inmediato, las acciones necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por la delincuencia organizada y llevar a cabo las medidas pertinentes para su protección y, en su caso, el plan de restitución integral una vez que son rescatados de dichas redes para salvaguardar sus derechos.
Por ello, la CNDH regida en los artículos 1 y 4 de la Constitución y 114,115 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pide que de manera urgente y vinculada y en su calidad de garantes se implementen las acciones necesarias para evitar la criminalización y revictimización de estas poblaciones y se elabore el plan integral de restitución de derechos para su atención y protección.
Asimismo, realizar política pública, reforma legislativa, programas y acciones dirigidas a la niñez y adolescencia para la intervención oportuna y eficaz para su recuperación física, psicológica, reintegración social y garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia, protegiendo su identidad y, en consecuencia, prevenir posibles violaciones a sus derechos humanos desde el entorno familiar, comunitario y el Estado en sus tres órdenes de gobierno.
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NILY
