En el marco de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que permitirá instrumentar un nuevo sistema judicial, personas integrantes de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar de los Estados Unidos Mexicanos (COCIFAM) se reunieron con personas legisladoras del Congreso de la CIudad de México, encabezadas por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
En su oportunidad, el legislador resaltó la importancia de esta reunión y reflexionó que la implementación de este nuevo modelo de justicia tendrá un impacto presupuestal, por lo que señaló que quizá se tenga que solicitar ayuda a los gobiernos local y federal, “para cumplir con esta tarea que se nos ha encomendado”.
Por su parte, la congresista Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, preguntó sobre la ruta crítica hacia el 2027, y pidió especificar los avances contemplados para el primer año. De igual forma, deseó conocer el monto que solicitará el TSJCDMX para el ejercicio fiscal 2024, y puntualizó que en la capital no hay nuevos impuestos, ni recursos extraordinarios, y además de que está próxima la fecha límite para que el gobierno capitalino entregue la propuesta de presupuesto al Congreso local para su discusión y aprobación.
En tanto, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal) aseveró que esta reforma es una “revolución en el sistema procedimental” y consideró que debería existir un manual para implementarla, al tiempo que manifestó su preocupación por los recursos que se requieren por año, por ello preguntó: ¿qué vamos a hacer? y ¿cómo?
En su turno, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, destacó la necesidad de una labor coordinada con el Congreso local para la implementación de este nuevo sistema judicial, y resaltó sus beneficios, a partir del funcionamiento de juicios orales y tecnologías de la información.
Comentó que al momento de solicitar la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es necesario contar con los mejores perfiles de personas juzgadoras, las mejores instalaciones judiciales, sistemas de plataformas electrónicas suficientes y funcionales, un sistema jurídico moderno, así como altos estándares y mejores prácticas, que garanticen la paz y estabilidad social y aseguren condiciones de igualdad para el acceso de la justicia en la capital.
Al dar respuesta a los cuestionamientos realizados durante la mesa de trabajo, el magistrado Guerra Álvarez llamó al órgano legislativo a otorgar el presupuesto gradual necesario para cumplir con la normatividad nacional. En referencia a la modificación de las leyes locales, afirmó que desde el TSJ CDMX se cuenta con la capacidad, conocimiento, experiencia y sensibilidad para trabajar conjuntamente.
Te puede interesar: A partir del lunes 4 de diciembre, líneas 4, 6 y 7 de Trolebús sólo recibirán Tarjeta de Movilidad
Por su parte, el magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde,secretario técnico de la COCIFAM, detalló los estándares necesarios para el pleno desarrollo del nuevo código en un sistema estandarizado con todos los poderes implicados en la impartición de justicia; respecto al uso de los sistemas electrónicos señaló como fundamental videograbar demandas en materia familiar, juicio oral, civil o familiar, audiencias, inspecciones judiciales, desalojos legales y cualquier diligencia autorizada por la persona juzgadora.
Propuso que a fin de adecuar diversos aspectos al nuevo esquema se deberá analizar el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, el divorcio incausado, la adopción, los juicios sucesorios, entre otros, esto respecto al Código Civil. Para la Ley Orgánica, sugirió estudiar primordialmente la legislación respecto a juicios en línea y oral sumario, civil y familiar, aranceles de costas y honorarios, así como el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.
Agregó que los esfuerzos están dirigidos a la capacitación del personal, al plan de trabajo y la construcción, diseño y prueba de los sistemas electrónicos necesarios, y una vez que se termine este proceso, teniendo los estándares y claridad en la administración de las plataformas, se podría aplicar el código, lo cual podría ocurrir en enero de 2025.
