En el marco del Foro «Derecho al Porvenir: Mujeres Excarceladas del Sistema Penitenciario», el secretario general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mauricio Padrón Innamorato, destacó la necesidad apremiante de fortalecer la investigación académica y promover políticas públicas más efectivas para garantizar el derecho a la reinserción social de las mujeres que enfrentan condiciones de desigualdad y discriminación tras salir de prisión.
El funcionario universitario subrayó que, como parte de la lucha por la reivindicación de los derechos y la igualdad de género, es crucial poner en el centro de la discusión la situación de las mujeres que buscan reintegrarse a la sociedad después de cumplir condena.
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Destacó que estas mujeres enfrentan situaciones de inequidad y pobreza más complejas y dedican considerablemente más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado en comparación con los hombres. Además, sus tasas de participación laboral son menores.
Padrón Innamorato, enfatizó que durante su tiempo en prisión, a las mujeres les resulta más difícil mantener sus redes de apoyo familiar y social, perdiendo el vínculo con el exterior, mientras que, en cambio, cuando los hombres están recluidos, son las mujeres quienes sostienen esos lazos.
En el mismo contexto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, hizo hincapié en la importancia de pensar en el derecho a la reinserción desde el momento en que las mujeres están recluidas hasta que salen.
Subrayó que algunas purgan penas por delitos que podrían no requerir encarcelamiento, abogando por penas alternativas de trabajo comunitario que les permitirían mantener su papel en la vida familiar y comunitaria.
Según estadísticas del cierre de 2022, más de 226 mil personas estaban privadas de libertad en centros penitenciarios federales y estatales, de las cuales un 5.6 por ciento eran mujeres. Alarmantemente, cerca de la mitad de las mujeres privadas de su libertad no contaban con sentencia en ese año, y el 30 por ciento tuvo que esperar dos años o más para recibirla, lo que evidencia la necesidad de abordar las instituciones que perpetúan sistemas de discriminación y violencia contra ellas.
En la misma línea, la secretaria de Proyectos Estratégicos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Patricia Piñones Vázquez, destacó la importancia de identificar y dialogar sobre las fallas, contradicciones y retos del sistema de justicia penal, subrayando la necesidad de una colaboración entre la academia, organizaciones civiles e instituciones gubernamentales.
El secretario general de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Efraín Reyes Romero, resaltó la labor de los profesionales de esta disciplina dentro del sistema penitenciario, reconociendo el interés en acciones colectivas para proponer alternativas al encierro, especialmente aquellas impulsadas desde otras disciplinas y promovidas por la sociedad civil, enfocadas en prácticas restaurativas con un enfoque de género.
En el acto académico también participaron la jefa de Vinculación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, Carla Vázquez; y la secretaria Técnica de la Dirección General de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, Mayra Nayeli Lazcano.
