La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer el “Segundo Informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia”, el cual, a través del Escalómetro de Violencia Política, busca cuantificar y analizar preventivamente aquellas acciones que representan un riesgo para el goce del derecho ciudadano a la democracia.
En este sentido, la CNDH informó que, durante el periodo comprendido del 2 al 12 de marzo de 2024, se observaron 16 hechos identificables como violencia política, de los cuales se tiene el registro de cuatro hechos (25%) que representan un claro peligro para el libre ejercicio del derecho a la democracia al tratarse de dos asesinatos, un feminicidio y un acto de violencia hacia la integridad contra personas candidatas a cargos de elección popular y servidoras públicas.
El documento también señala que se cuantificaron cinco hechos (31.25%) considerados de cuidado por registrarse amenazas por medios físicos y/o digitales contra diversos aspirantes. Mientras que siete hechos (43.75%) representan alerta al presentar actos de discriminación, divulgación de infundios, daño y alteración de la imagen o del discurso público.
También se destaca que, dentro de los datos que se muestran en el análisis cuantitativo de hechos de violencia política, se puede observar que aquellos hechos considerados de peligro para el derecho a la democracia tuvieron una disminución con respecto al informe anterior (ocho acontecimientos registrados en el primer informe contra cuatro acontecimientos registrados en este segundo ejercicio).
Sin embargo, la Comisión refiere que, lamentablemente, persiste el registro de asesinatos, feminicidios y atentados contra aspirantes y personas funcionarias públicas que plantean la urgencia de reforzar una estrategia de seguridad integral, en la que autoridades federales, estatales y municipales coordinen esfuerzos para garantizar la protección de quienes buscan ejercer su derecho a ser elegidos como parte del presente proceso y de quienes ya asumen un cargo público.
Cabe recordar que el pasado 6 de marzo por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien confirmó que contaba con 23 solicitudes de protección para personas candidatas, además de que existe un acuerdo para que las personas aspirantes a cargos federales reciban protección por parte de autoridades del mismo orden.
Mientras que aspirantes a cargos locales serán atendidas por parte de autoridades estatales, lo que implica un involucramiento directo de las autoridades de seguridad locales, quienes no deben, bajo ninguna circunstancia, eludir su
responsabilidad de asignar los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes para garantizar la protección de las personas aspirantes, sin que ello signifique el descuido de sus labores sustantivas en las funciones de protección de la población en general.
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Respecto a los asesinatos y el feminicidio de Karla Citlali Herrera, lideresa municipal del Partido Encuentro Solidario (PES) en Michoacán; Alfredo González Díaz, candidato a la presidencia municipal de Atoyac, Guerrero, por el Partido del Trabajo (PT); Román Quezada Anduaga, secretario municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa; así como el atentado en contra del regidor del municipio de Acambay, Estado de México, Timoteo Ruiz, militante del PAN, la CNDH observó una necesidad urgente de que las autoridades responsables, además de investigar y castigar estos delitos, actuando frente a ellos de manera diligente y dando a conocer el contexto y las líneas de investigación derivadas de los mismos, refuercen los planes de seguridad de las y los aspirantes políticos a fin de evitar que se sigan perpetrando estos delitos.
