La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestó su rotunda oposición a la iniciativa de reforma de los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila.
Según COPARMEX, esta iniciativa representa una amenaza para los principios fundamentales establecidos en la Constitución mexicana y pone en riesgo los derechos colectivos, la eficacia de las resoluciones judiciales y la discrecionalidad judicial. Se argumenta que esta reforma restringiría un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general.
El juicio de amparo, destaca la Confederación, es un recurso legal crucial que permite a los gobernados impugnar la constitucionalidad de leyes, actos administrativos y sentencias judiciales que consideren que vulneran sus derechos fundamentales. Es un instrumento de defensa que ofrece resguardo frente a los abusos de autoridad.
La iniciativa en cuestión limita la posibilidad para que los órganos jurisdiccionales otorguen una suspensión provisional o definitiva con efectos generales en los juicios de amparo. Esto implicaría, según COPARMEX, una restricción de la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales.
Al limitar los casos para el otorgamiento de la suspensión, se evita el margen de operación judicial contemplado en la Ley de Amparo, lo que podría llevar al desconocimiento de los derechos colectivos y amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales.
COPARMEX destaca la importancia crucial de la suspensión para garantizar la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos en México, especialmente en casos de violaciones graves como violaciones a la libertad de expresión, discriminación o restricciones injustas a la libertad de asociación.
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Desde la Confederación, se reitera la importancia de preservar la integridad del sistema jurídico y evitar que las reformas se vean influenciadas por intereses políticos. Se subraya que cualquier modificación a la Ley de Amparo debe enfocarse en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto.
En última instancia, COPARMEX enfatiza que la protección de estos derechos es una responsabilidad compartida que debe prevalecer sobre cualquier consideración política, asegurando que todas las leyes y acciones del Estado estén en conformidad con los principios constitucionales, los cuales son la base para proteger los derechos fundamentales y garantizar el Estado de Derecho en México.
