El pasado viernes 28 de agosto el presidente y su vocero señalaron durante la mañanera a varias organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como a varias fundaciones norteamericanas como las articuladoras de la oposición al megaproyecto denominado Tren Maya (TM). En concreto, les cuestionaron su legitimidad, las criminalizaron por el trabajo que hacen en la promoción y defensa de los derechos humanos. Claramente el gobierno, en lugar de escuchar y de atender los reclamos y los señalamientos formulados por las OSC, ha optado por la práctica inveterata de atacar al mensajero y no a su mensaje con lo cual se ha evidenciado la ceguera y sordera que padece.
La construcción de país, y más en uno pluricultural como México, requiere del reconocimiento del otro y del diálogo profundo entre las partes como mecanismo para la adopción de decisiones. Las OSC han contribuido y contribuyen significativamente a ello, estas organizaciones históricamente han trabajado de manera relevante en todos los campos para apuntalar y desarrollar nuestra democracia, así como contribuyen a lograr los fines del Estado mexicano: el disfrute y goce de nuestros derechos humanos. Ejemplos muy notables de estas aportaciones las encontramos en lo hecho para la protección y desarrollo de varios derechos fundamentales como son el ambiente sano, el agua y saneamiento, la alimentación adecuada, el acceso a la información pública y la transparencia, etc.
Cuando se ataca al mensajero es porque no se quiere jugar y respetar las reglas de la democracia, se estima que los intereses pueden estar ya muy comprometidos y por ello es que, este modus operandi constituye un recurso desesperado para imponer un punto de vista, en este caso un megaproyecto seriamente cuestionado por todos sus flancos. Las razones para imponer el TM pueden ser múltiples, pueden abarcar cosas como el fomento de las grandes inversiones, la promoción y aceptación del paradigma de desarrollo que es financiado por la banca internacional, etc.; seamos claros, este megaproyecto no es maya por la simple razón de que los pueblos y comunidades indígenas y campesinas que habitan en la Península de Yucatán no lo solicitaron, no participaron en la toma de la decisión conforme al estándar más alto de protección de sus derechos fundamentales. En otras palabras, el TM no es un un proyecto que provenga del ejercicio del derecho a la autonomía sino que es impuesto y este tipo de imposiciones, como se ha constatado a lo largo de los últimos tiempos, suelen terminar en procesos de asimilación cultural y de explotación de personas y naturaleza. De ponerse en marcha el TM los territorios y los proyectos de vida de pueblos y comunidades serán transformados drásticamente, éstas ya no podrán controlar sus espacios vitales, la muerte de sus formas de vida se habrá sembrado a pesar de que ello esté prohibido por el derecho.
Cuidar de nuestra democracia supone garantizar que las OSC cuenten con la libertad y seguridad necesarias para poder hacer sus trabajos, supone además el deber gubernamental de generar las condiciones para que nuevas OSC y formas de organización colectiva puedan ocurrir. Así como la sustentabilidad del planeta radica en la diversidad biológica, la sostenibilidad de nuestra democracia debe sustentarse en el reconocimiento y fomento de las distintas formas de organización social, esto es, el deber de proteger y desarrollar las autonomías en todos los niveles. Optar por atacar al mensajero es en este sentido una forma de promover la asimilación en el plano de la organización social de uno de los actores que más ha enriquecido y diversificado la democracia mexicana, es un camino que además transita por una senda oscura: la criminalización de los interlocutores y cuyo efecto será el silenciamiento de la polifonía para dar lugar al monólogo desde y para el poder.
Siendo que el presidente se autodescribe como liberal de vieja cepa, conviene traer a colación del TM las palabras de Paco Taibo II, dichas en el prólogo de sus libros “Patria”, sobre que los liberales del siglo XIX al estar obsesionados por las luces y la tecnología, fueron incapaces de entender que por los ferrocarriles que hacían no sólo se transportaría el progreso sino también nuevas formas de barbarie hacia los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Al parecer la 4T no está interesada en construir el Estado pluricultural, que debe levantarse sobre la igualdad pero también sobre las diferencias. Por el bien de todas y todos ojalá el velo que esta administración tiene sobre los ojos sea levantado antes de la partida del primer tren.
