En el contexto del histórico proceso electoral 2021, el papel que jugará el Instituto Nacional Electoral (INE), será determinante para fortalecer su autonomía e independencia y consolidar la democracia en México, pero ante las descalificaciones e informidades que se presentaron entre los grupos más radicales de MORENA, que pretendían imponer a sus argumentos para no aceptar los criterios del artículo 54 constitucional en materia de sobre sobrerrepresentación, generando un escenario de incongruencia en el proceso de asignación parlamentaria de legisladores que ocuparan una curul bajo el principio de representación proporcional o mejor conocidos como plurinominales, principio de sobrerrepresentación que no podrá ser mayor al 8% de la votación nacional emitida, ya que para dar cumplimiento a lo previsto en el polémico artículo constitucional, se verificará la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa; es decir, aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura. Por tanto, el triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual el o la candidata ganadora tengan una “afiliación efectiva”, bajo esta circunstancia la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, implementará una estrategia para la verificación de la afiliación efectiva, ya que la Oficialía Electoral certificará la integración de los padrones de personas afiliadas al corte definitivo que tendrá verificativo a las 22:00hrs del 21 de marzo. Y esta base de datos será certificada para que en su momento, se utilice para llevar a cabo la verificación de afiliación efectiva de las candidaturas que resultaron ganadoras. Sin embargo, en caso de que el candidato triunfador no tenga una afiliación efectiva a alguno de los partidos que lo postularon, el triunfo será contabilizado en los términos de lo expresado por el convenio de coalición aprobado, buscando el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y escaños obtenidos.
Por lo tanto, en caso de que la candidata o el candidato triunfador haya contendido por la reelección, en el supuesto que éste no cuente con una “afiliación efectiva” a alguno de los partidos que le postularon, el triunfo será contabilizado, para efectos de la asignación, al partido a cuyo grupo parlamentario haya pertenecido al momento del registro de la candidatura.
Es fundamental aclarar que el Consejo General no está invadiendo las facultades legislativas del Congreso de la Unión, ya que la afiliación efectiva de una candidatura en ningún caso implicará una vulneración al derecho de afiliación libre porque sólo se circunscribe para efectos de la asignación de 200 diputaciones por el principio de “representación proporcional”, ya que el acuerdo establece las reglas con las que el INE, respeta el régimen jurídico de las coaliciones en los términos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, así como los criterios sostenidos por la Sala Superior del TEPJF, en donde se establece que las coaliciones sólo rigen o aplican al principio de mayoría relativa, pero no para el de representación proporcional y que en lo concerniente a ello los partidos políticos participan individualmente sin importar que estuvieran en coalición en los distritos uninominales; ya que el objetivo es cuidar que la asignación de diputaciones por representación proporcional se ajuste a los parámetros constitucionales para evitar la sobrerrepresentación de los órganos legislativos.
Vale la pena reflexionar en relación a las causas y consecuencias histórico-constitucionales del “Principio de Representación Proporcional” creado en la histórica reforma electoral de 1977, que entró en vigor en la elección intermedia de 1979, Con dicha reforma nació la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (la LFOPPE), misma que introdujo cambios esenciales en el funcionamiento del sistema electoral mexicano. comenzó el proceso de transición democrática en el país de un esquema de partido hegemónico a un modelo de pluripartidismo, mismo que se prolongaría por más de dos décadas, junto a sucesivas reformas en la normatividad e instituciones electorales, hasta alcanzarse la conformación de una mayoría opositora en la LVII legislatura de la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia en la Presidencia de la República el 2 de Julio del año 2000, sentando las bases político-electorales para que la inclusión de las y los diputados plurinominales, favoreciendo la integración heterogénea del Poder Legislativo; ya que ha permitido que los partidos políticos minoritarios, tengan una representación efectiva, lo cual evita que el poder y la toma de decisiones se concentre en una mayoría artificial.
Es de vital importancia considerar que para consolidar la congruencia democrática, la legitimidad del proceso electoral 2021 y los principios constitucionales en materia electoral, será determinante garantizar la autonomía institucional del INE, brindar la certeza jurídico-electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consolidar y refrendar la legitimidad democrática y los importantes avances democráticos en México. Sin embargo, el inédito proceso electoral del próximo 6 de junio, será el más grande y complejo, porque habrá una concurrencia inédita de comicios, se tendrá un padrón electoral nunca antes visto, se calcula que superará los 96 millones de personas, es decir, 6 millones más que en la histórica elección del 2018 ya que se disputarán más de 3 mil 500 cargos, 260 cargos de elección popular más que el 2018.
Es muy importante recordar los estados en los que se renovarán gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Las entidades donde se elegirán congresos y alcaldías son: Ciudad de México, Chiapas, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En los estados en los que únicamente se votará por ayuntamientos son Coahuila, Quintan Roo y Tamaulipas, mientras en Aguascalientes, Durango e Hidalgo sólo se renovaran los congresos locales.
En un contexto de lucha por el poder político-electoral y en la antesala del inédito y complejo proceso electoral 2021, con la renovación de la Cámara de Diputados y la concurrencia de 32 elecciones locales, en 15 de las cuales se definirá un nuevo gobernador. Para los partidos de oposición es prioridad recuperar la confianza de la ciudadanía ganando cargos de representación popular y de gobierno tras la aplastante derrota que sufrieron en la histórica elección del 2018; ya que su prioridad es lograr una nueva composición en la Cámara de Diputados y de ser posible alcanzar una mayoría que les permita enfrentar las ocurrencias, los caprichos e imposiciones de la fracción parlamentaria de Morena, pero tal parece que los más de 2 millones 250 mil de enfermos, las más de 200,000 defunciones, consecuencia de la emergencia sanitaria del Covid-19, la crisis económico-financiera, los altos índices de violencia de género, y ante la inminente necesidad de reorientar la política económica del país, el reto para los partidos de oposición es un verdadero desafió para los estrategas partidistas.
Es fundamental para los mexicanos contar con instituciones fuertes que gocen de la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), con consejeros que más allá de ser ciudadanos con firmes convicciones democráticas, sean personas con la capacidad personal y la experiencia profesional que son pieza clave para garantizar la certeza jurídica y la imparcialidad electoral que demanda la democracia mexicana.
