Yuriri Ayala Zúñiga diputada del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para combatir y erradicar la práctica común de utilizar los maltratos corporales o las agresiones físicas como método correctivo o disciplinario hacia las y los menores tanto en espacios familiares como públicos.
Te puede interesar: Morena propone cuidar la salud de trabajadores de limpia
Planteó una serie de modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en donde se instruye a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de las y los infantes, así como personas que laboran en espacios de contacto con menores, a erradicar los maltratos o agresiones físicos sean leves, moderados o graves, que se empleen como método correctivo o disciplinario, advirtiendo que de no hacerlo se resolverá conforme a lo previsto en el Código Civil en la materia.
“Las conductas agresivas o violentas tienen múltiples causas y orígenes, pero no dejan de ser aprendidas y repetidas desde hace tiempo. Más allá de posturas psicológicas, lo cierto es que cuando una niña, niño o adolescente crece y se desarrolla en un ambiente hostil, agresivo, violento, adquiere y normaliza las conductas que reproducirá en su vida adulta, lo mismo en el ámbito familiar que en las relaciones sociales”, afirmó.
Señaló que con esta iniciativa se secunda los criterios sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), relativos a visibilizar una realidad, que se ha obviado de manera abierta o se ha ignorado, como lo son los maltratos y agresiones físicas como método correctivo hacia un menor, pues no se puede seguir justificando estas acciones como método para corregir alguna conducta o actitud en una niña, niño o adolescente.
Diputadas y diputados como Valentina Batres, Marcela Fuente y Temístocles Villanueva, acompañaron este proyecto que modifica y hace adiciones a diversos Artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, el cual fue enviado a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Derechos Humanos.
