El Senado de la República prepara una iniciativa para fortalecer a las fiscalías locales, tanto en el aspecto operativo como presupuestal para garantizar el correcto funcionamiento de la impartición de justicia.
El Senado impulsa la iniciativa constitucional para fortalecer la independencia de las fiscalías locales en todas las entidades federativas, así lo aseguró Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva.
Durante los diálogos parlamentarios “Independencia de las fiscalías locales: garantía de justicia cotidiana”, Sánchez Cordero destacó que el Senado está comprometido para resolver el problema de impunidad que impera en nuestro país y la falta de acceso a un sistema de justicia eficiente y que satisfaga todas las necesidades de la ciudadanía.
“Estamos muy lejos de lograr que la justicia sea una realidad, las autoridades no han conseguido saldar la deuda histórica que se tiene con las y los mexicanos para asegurar una impartición no discriminatoria, tampoco la de garantizar su seguridad, ni lograr el efectivo respeto de sus derechos”, manifestó la senadora.
Debido a lo anterior, en el Senado se revisa una iniciativa que faculte a las legislaturas locales para fortalecer la autonomía de las fiscalías locales, además de mejorar y homologar los procedimientos específicos sobre los nombramientos, la carrera ministerial, la remoción de sus titulares, así como los periodos en el cargo y los mecanismos para su ratificación.
Otro de los aspectos que se pretende cambiar con dicha reforma es el de la autonomía presupuestal de las fiscalías, ya que la profesionalización de la carrera ministerial con elementos como el ingreso, la formación, la permanencia en sus cargos, capacitación y actualización de todas las personas servidoras públicas está estrechamente ligado a dicho aspecto, pues de lo contrario no se resolverá el grave problema que hay en la procuración e impartición de justicia.
Con base en lo anterior, Sánchez Cordero indicó que se deben impulsar mecanismos que permitan garantizar que las investigaciones de los delitos sean más profundas, eficaces y rápidas, en apoyo a la ciudadanía, al adecuado proceso y en contra de la impunidad.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado comentó que el fortalecimiento a las instituciones en el ámbito ministerial y ministerial local es uno de los retos de México desde hace más de una década.
Por otra parte, comentó que la tasa de denuncias de crímenes en nuestro país es muy baja, ya que del cien por ciento de los delitos que se cometen, solamente se denuncian menos del cinco por ciento, de los cuales, menos del tres por ciento llegan a la justicia o incluso a sentencias, ya sean absolutorias o condenatorias.
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En el mismo orden de ideas, Rafael Espino de la Peña, el presidente de la Comisión de Justicia, advirtió que persiste la justicia selectiva, pues depende de la capacidad económica que se tenga para acceder a ella, o para librarse de su aplicación, lo que a su vez, responde a cuestiones políticas, más que jurídicas y esto repercute directamente en la imparcialidad y objetividad.
Por lo que la “la cifra negra” de delitos no denunciados o sin una carpeta de investigación que en 2020 ascendía a 93.3 por ciento de acuerdo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), requiere de especial atención.
Por último, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, expresó que la falta de autonomía y profesionalización de las agencias investigadoras pueden ser parte de las causas estructurales de la impunidad en las entidades federativas, por lo que resulta clave para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, así como el respeto a los derechos del imputado en el proceso penal y para el cumplimiento del deber estatal de investigar, perseguir y sancionar los delitos y las violaciones a los derechos humanos.
AM
