El experto Carlos Martín Beristáin relata que en el informe del GIEI “está consolidado” que el crimen organizado estuvo vinculado con parte de la Fuerza Pública en la desaparición de los 43 normalistas
“El crimen organizado estaba vinculado con parte de la fuerza pública, parte del Ejército, policías, municipales estatales, Federal, con los hechos”, refirió.
“Tenemos muchas más cosas en la mano, no se trata nada más de declaraciones sino de archivos oficiales, de la Sedena, Cisen y varias corporaciones del Estado”, indicó.
Te puede interesar: AMLO reconoce que no hay presión sobre el Ejército por caso Ayotzinapa
El Ejército tenía personal matriculado en la Escuela Normal Rural y conoció de las actividades de los normalistas, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.
“No son opiniones ni valoraciones, están basadas en documentación”, señaló.
El nuevo informe describe que al menos dos militares tuvieron “procesos disciplinarios”, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre.
“Nada de esto lo sabíamos, todo esto se negó durante el proceso, pero no sabemos el contenido”, adujo.
Además, se expuso que entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, autoridades interceptaron interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los normalistas y a dónde había que mandarlos.
“Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en estos días”.
Apuntó que hay avances en la investigación “que vienen de lejos, de un trabajo cuidadoso, independiente, y que se ha tratado de ocultar durante cierto tiempo”.
Ángela María Buitrago integrante del GIEI, apuntó que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien dio su autorización para revisar los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“La autorización para entrar a esos archivos vino del comandante supremo de las fuerzas militares, de Andrés Manuel López obrador, y por lo tanto no podía haber oposición de ningún subalterno, y por lo tanto nos entregó la autorización al GIEI”, expresó.
“Empezamos a encontrar desde el año 2021 partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27 de la 5 militar, del batallón 41, del 50 y de la Región Central Méxco DN-1, que pertenecen a la Sedena”, contó
Derivado de estos archivos, Buitrago apuntó que se pueden decir tres cosas categóricamente.
Existían proceso de intervención telefónica.
Existían monitoreos de comunicación es de Guerreros unidos y otras autoridades
Existía una orden de realizar estas interceptaciones apersonas que ya habían sido establecidas como parte de Guerreros Unidos
“Estos datos muestran, sin lugar a dudas que se está llevando a cabo los hechos 26 y 27 de septiembre de estos monitoreos”, reiteró.
Por su parte Claudia Paz también del GIEI, declaró que fue confirmado en el informe la existencia de un quinto autobús, ocultado por las autoridades federales, y que confirma las indagatorias de autoridades de los Estados Unidos sobre trasiego de droga desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago.
“Un quinto autobús, había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, prosiguió.
“El autobús existió, salió esa noche detrás de la Central Camionera. Llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses donde estaban bajando los muchachos. Fue detenido, sorprendentemente pudo pasar todos los retenes”, mencionó.
En las intervenciones llevadas a cabo por autoridades estadounidenses “se da cuenta de la comunicación entre integrantes del crimen organizado y distintas autoridades locales y federales”.
Anotó que hay al menos cuatro mensajes que se refieren a “comidas” entre Guerreros Unidos y miembros del Ejército, con expresiones de las cuales se desconoce su significado.
En las conversaciones se menciona posiblemente integrante del Ejército, que fue identificado por el GIEI como el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, y que pese. que se ordenó su captura en agosto pasado, la orden fue revocada de forma “inexplicable”.
“La conversación dice: ‘voy a ir a Telo a traer cosas y ver al coronel Nieto. para que esté bien todo’. Este nombre coincide con la persona que fungía como comandante del 41 Batallón de Infantería durante los hechos: coronel Rafael Hernández Nieto”, acusó.
Se solicitó su orden de aprehensión el 16 de agosto del presente año, porque consideró que había participación en la desaparición de los 3 estudiantes. Esta orden fue inexplicablemente revocada”, anotó.
Hay mensajes sobre el 27 batallón de la Sedena y conversaciones que se refieren a la Marina, “las cuales deben ser investigadas”.
“Estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal con miliares”, puntualizó.
