Señalan que las armerías son negligentes e integran la cadena de tráfico ilícito de sus productos
El gobierno de México acusó mediante una demanda a las empresas estadounidenses fabricantes de armar, siendo que estas pueden ser consideradas como cómplices indirectos de la delincuencia organizada. Ya que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país.
En la demanda presentada en la Corte de Massachusetts, el gobierno mexicano sostuvo que al menos ocho firmas han facilitado que la delincuencia organizada use presta nombres, empresas fantasma y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México.
“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”, señala la demanda.
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De igual forma, el documento expone que las armerías están obligadas a garantizar que sus distribuidores y comerciantes no abastecerán de manera imprudente o ilícita el mercado mexicano.
Alejando Celorio, consejero jurídico de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que desde que Estados Unidos eliminó la prohibición de venta de armas en 2004, las armerías incrementaron su producción, distribución y comercialización. Mientras que en México, la posesión ilegal de armas se multiplicó y la tasa de homicidios aumentó 45% al pasar de 9 mil 324 a 13 mil 627 en 2008.
“Demandamos a las empresas que representan alrededor de 62% de las armas que se han encontrado en México de procedencia ilícita, entre 70% y 90% de las armas en México proceden de Estados Unidos y de ese número, 62% corresponde a estas armerías”, apuntó el Celorio.
El 12 de abril se realizó una audiencia en la que el juez cuestionó a México sobre los alcances de su demanda, pues advirtió que puede establecer un precedente para que otros países demanden a las armerías estadounidenses por los daños que ocasionan sus productos en el extranjero.
Para el gobierno mexicano, las empresas fallaron en prever que su producto causaría un daño y no gozan de inmunidad alguna para que se les reclame ese daño mediante una demanda.
DCR
