Según lo informó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se ha entregado el nombramiento como funcionarios de las mesas receptoras para la consulta popular a más de 236 mil habitantes, lo que equivale a un 83 por ciento.
«Gracias al compromiso de la ciudadanía con la democracia, hasta este fin de semana ya se habían entregado nombramientos a más de 236 mil funcionarias y funcionarios de mesas receptoras del voto, esto es el 83 por ciento de las personas requeridas».
Lorenzo Córdova
A través de un video difundido en redes sociales por el consejero presidente del INE, señaló que se han capacitado a cerca de 228 mil funcionarios, lo que equivale al 80 por ciento del total requerido para la consulta.
De acuerdo con la cobertura de funcionarios, el funcionario aseguró que el proceso para la consulta se encuentra favorable, y señaló que este ejercicio será el primero a nivel federal en ser organizado con parámetros de profesionalidad, calidad técnica y certeza de los procesos electorales que emplea el INE.
Informó además, que el órgano electoral está preparando la campaña de difusión para la consulta popular, la cual por mandato constitucional, le corresponde organizar exclusivamente al INE, y recordó que iniciará el 15 de junio ya que así lo estableció la mayoría en el Congreso de la Unión.
«Ante quienes mienten afirmando que el INE no quiere la consulta, es muy importante aclarar que, si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves 15 de julio, no antes, esto se debe a una decisión que adoptaron las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República».
Cabe señalar que será el 1 de agosto el día en el que se convoca a la ciudadanía a participar en la consulta popular para la toma de las decisiones políticas en los años pasados por actores políticos.
Finalmente sabemos que la pregunta que se presentará en la papeleta de consulta este próximo 1 de agosto será:
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
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DDF
