El pasado 18 de abril, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el porcentaje de feminicidios a nivel nacional se ha reducido en un 22.7 por ciento con relación al inicio de esta administración.
Pero, ¿con relación a qué periodo? Hay que recordar que la actual administración entró en funciones el 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República; durante ese mes hubo 99 feminicidios contabilizados, mientras que a lo largo de los primeros dos meses de 2019 la suma de llegó a 134 mujeres asesinadas, es decir, 233 feminicidios en un lapso de tres meses.
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Si tomamos en cuenta los primeros tres meses del mandato de López Obrador y lo comparamos con el mismo periodo de 2022-2023, donde hubo 215 feminicidios, el porcentaje de disminución es de 7.73 por ciento, esto de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entonces, ¿a cuál periodo inicial se refirió la secretaria de Seguridad? En realidad, eso no importa, lo que es verdaderamente alarmante es que el índice de feminicidios en nuestro país ha crecido desde 2015 y México tiene una de las tasas más altas de homicidios intencionales en Latinoamérica: 28 víctimas por cada 100 mil habitantes y 10 mujeres asesinadas cada día.
La asociación civil Impunidad Cero elaboró el estudio Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022, donde señala que los homicidios dolosos y feminicidios son el reflejo de la violencia extrema que afecta a la sociedad mexicana.
El homicidio intencional ─dice─ es la muerte ilícita causada a una persona con la intención de causarle la muerte (sic) o lesiones graves, en tanto que el feminicidio es un tipo de homicidio intencional, pero es perpetrado en contra de las mujeres por motivos de misoginia o de género.
De igual manera, Impunidad Cero puntualiza que México se ha mantenido con niveles de impunidad alarmantes en el esclarecimiento de los homicidios dolosos y feminicidios. Esta impunidad estructural está relacionada con los complejos fenómenos delictivos que enfrenta cada estado.
En este sentido, el SESNSP dio a conocer que, durante 2022 y los dos primeros meses de este 2023, sumaron 4,304 homicidios de mujeres: 3,210 dolosos y 1,094 feminicidios, lo que significa que únicamente el 25.42 por ciento fueron catalogados como muertes violentas por el sólo hecho de ser mujer.
Eso es sólo a lo largo de 14 meses y si tomamos los datos desde 2015 a febrero de 2023, nos podremos dar cuenta de que, a pesar de que el Gobierno Federal diga que los feminicidios se han reducido en un 22.7 por ciento, las cifras son más reveladoras.
En ese periodo de tiempo, 8 años 2 meses, se han cometido 27,472 asesinatos de mujeres, siendo 20,848 homicidios dolosos y 6,624 feminicidios, 75.89% y 24.11%, respectivamente.
Tan sólo en lo que van del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta febrero de este 2023, se tienen registrados 4,063 feminicidios, lo que significa un promedio de 677 feminicidios por año.
En cuanto a los homicidios dolosos durante el mismo periodo de tiempo, la suma es de 11,892 homicidios, es decir, 1,982 por año.
O sea que la actual administración federal registra un total de 15,955 muertes de mujeres de manera violenta: 4,063 feminicidios 11,892 dolosos.
Hay que recordar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, puntualiza que el feminicidio es la forma extrema de violencia de género, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Entonces, ¿por qué si muchas de las mujeres víctimas fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios?
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla que se ha verificado dos niveles de obstáculos, tanto en la legislación civil como penal, que afectan el procesamiento efectivo de casos de violencia contra las mujeres:
- Vacíos, deficiencias, falta de armonización y en la presencia de conceptos discriminatorios que colocan a las mujeres en situación de desventaja.
- Falta de implementación y la incorrecta aplicación del marco jurídico existente por parte de los funcionarios judiciales.
Asimismo, destaca que en materia civil la legislación aún no logra abarcar las diversas manifestaciones de violencia que se cometen contra las mujeres ─violencia física, psicológica y sexual─, ni los contextos en que éstas ocurren además del familiar (social, urbano, institucional y laboral).
De igual manera, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, identificó que algunas Procuradurías o Fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; ¿qué significa esto? Que reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.
Y acota que los “vacíos legales” de los sistemas judiciales en México han provocado que, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso descuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados como feminicidas y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión.
Y como muestra, el pasado 15 de abril, en Oaxaca, la joven Keyla fue rociada con thinner para posteriormente prenderle fuego, después de la detención del presunto culpable, Carlos «N», la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género lo presentó ante el Juez que atiende la causa, quien dictó auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva.
Acto seguido, el Juez de Control determinó reclasificar el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa por el de “alteraciones a la salud por razón de género”, porque, según el impartidor de justicia «el jóven no tenía intención de matar».
