Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE y el también consejero electoral, Ciro Murayama, lanzaron nuevas criticas al Plan B que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que de prosperar, la elección extraordinaria que se realizó este domingo en Tamaulipas podría ser el último proceso electoral con certeza plena en su resultado.
Lo anterior ocurrió durante la instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar seguimiento a la elección extraordinaria en Tamaulipas.
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En sus discursos, que parecía su despedida de ambos consejeros, pues dejarán sus cargos a poco más de un mes, Ciro Murayama subrayó que esta puede ser la última elección a la que se llega con un padrón plenamente actualizado si se despide a prácticamente todos los funcionarios del Servicio Profesional Electoral del Registro Federal de Electores en los estados, como pretende con irresponsabilidad el llamado Plan B.
Agregó de prosperar el Plan B del Gobierno, todas esas certezas estarán en riesgo, “hago votos porque éstas no sean las últimas elecciones libres y genuinas y que la ciudadanía y la Suprema Corte eviten un daño mayor a la democracia mexicana”.
«Hoy los votos que se reciben desde allende las fronteras, pertenecen a ciudadanos que no fueron autorizados a sufragar por el Gobierno como podrá ocurrir en la próxima elección si prospera el Plan B, sino que tienen una credencial confiable entregada por un árbitro autónomo e imparcial, por el INE. Si cambia la ley, si se aprueba el Plan B, eso no será posible en el futuro».
Ciro Murayama dijo que con la reforma se pretende que hasta un día antes de la jornada electoral, cuando los paquetes electorales ya estén entregados, los partidos nombren y cambien a sus representantes.
«Puede ser un desorden, un caos, las presidentas y los presidentes de casilla no sabrán bien a bien, qué personas es representante o no de cada partido, si se le niega el ingreso a un representante acreditado», sostuvo.
Por su parte Lorenzo Córdova resaltó la preparación de la jornada electoral y la participación de funcionarios electorales que han llegado a sus puestos con base en concursos y que hoy son tratados como burócratas prescindibles y sin capacidades probadas.
«Hoy esta elección ocurre en plenas condiciones democráticas, y esto ha sido posibles gracias a esas conquistas históricas y a que son organizadas por servidores públicos electorales profesionales. Evidencia de la capacidad que ha desarrollado este Instituto es que, tan solo 81 días, menos de tres meses, desde que el Senado emitiera la convocatoria para la elección extraordinaria a la senaduría vacante por el estado de Tamaulipas, el 30 de noviembre del año pasado, se han desplegado hasta ahora un sinnúmero de actividades y procesos», aseveró el consejero presidente.
«Todo esto es posible, ha sido posible, gracias al profesionalismo, disciplina, entrega y compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores comprometidos con la democracia, en Tamaulipas hoy, y en todo el territorio nacional en los últimos nueve años. Son ellas y ellos, de la mano de la ciudadanía, los que llevan en sus hombros la organización de nuestras elecciones y de los procesos participativos. Son ellas y ellos quienes hoy son tratados por algunos como fácilmente prescindibles, como burócratas sin capacidades probadas, quienes representan lo mejor del servicio público de nuestro país, para asegurarnos elecciones libres y auténticas».
Cabe recordar que el llamado Plan B de la reforma electoral compacta áreas de operación del INE y desaparece nombramientos de consejeros en los estados con el argumento de hacer más austeros los procesos electorales y generando ahorros que van de los 3 mil 500 millones a los 5 mil millones de pesos.
Respecto a la controversia constitucional contra “plan B”, el Consejero Uuc-kib Espadas, detalló que la reforma electoral es una iniciativa a seis leyes, dos de ellas ya fueron decretadas y publicadas, la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y estando ya vigentes generan distintas afectaciones y, en su caso, pueden generar impugnaciones legales. Explicó que el INE ya presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte y hay otros actores políticos que han presentado acciones de inconstitucionalidad.
A estas fuerzas políticas se suman los posicionamientos de Ayuntamientos, diputados y senadores que han elaborado distintas impugnaciones en las últimas semanas en contra de lo aprobado por el Congreso de la Unión y que tiene como meta el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el argumento de que varios de sus párrafos contravienen la Carta Magna y pone en riesgo el sistema electoral mexicano.
Estos recursos en la actualidad son en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGC) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), las cuales fueron aprobadas por el Grupo Parlamentario de Morena y aliados en diciembre de 2022, tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Hasta el momento suman 25 acciones y controversias constitucionales en contra del llamado Plan B de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas ellas empujadas por partidos políticos como el PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que buscan que se declare este plan como inconstitucional por los 11 ministros que integran la Corte.
