En el contexto del Proceso Electoral Federal y los procesos locales concurrentes de 2023-2024, las Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas y Carla Humphrey Jordan, han hecho un llamado conjunto para garantizar que las personas que perpetúan la violencia de género no tengan acceso al poder político.
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Este llamado fue realizado durante su participación en el «Foro Acciones afirmativas para una democracia inclusiva», organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC). La Consejera Dania Ravel enfatizó que lo que verdaderamente legitima a la democracia es el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, considerando esto como un límite irrenunciable para las decisiones de la mayoría.
Durante la inauguración del foro, se subrayó la importancia de las acciones afirmativas, ya que sin la participación plena de todos y todas, no se puede hablar de la existencia de una democracia completa. Sin embargo, la Consejera Ravel también destacó que no se puede afirmar que vivimos en una democracia plena si aún existen personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos debido a su género, orientación sexual, discapacidad, etnia o condición social.
Ravel planteó los desafíos que implica la aplicación de la «3 de 3 contra la violencia» en el Proceso Electoral 2023-2024. Esta ley exige que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG). La Consejera enfatizó la necesidad de que, en casos graves, las personas que perpetúen la violencia de género no lleguen a ocupar cargos públicos.
Ahora que la «3 de 3 contra la violencia» es constitucional, se requiere una revisión exhaustiva para garantizar que todos los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad, que incluyen no ser deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales o haber cometido violencia familiar.
La mayor prioridad es garantizar que las mujeres puedan participar libremente y ejercer plenamente sus derechos político-electorales sin temor a la violencia. Para lograrlo, se propone firmar convenios con tribunales y colaborar con la sociedad civil para obtener información sobre los candidatos y comprobar que no son personas violentadoras.
En cuanto al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG, se aclara que su objetivo no es impedir automáticamente que alguien sea candidato, sino que los partidos políticos deben revisar que sus candidatos no estén registrados y considerar la pertinencia de su postulación.
La Consejera Ravel destacó la importancia de imponer un costo político a los partidos que postulen a personas con historial de violencia política, enfatizando la necesidad de un compromiso real en la lucha contra la violencia de género y por la inclusión en la política.
