En vísperas del segundo festival sexenal de Atole con el dedo instituido por nuestro cabecita de algodón (recordemos el primero como la “Consulta popular sobre el destino del NAICM”), surgen de entre nuestros contactos en redes sociales individuos spameando nuestro feed o historias con imágenes invitándonos a votar “Si al juicio a expresidentes” este 1 de agosto.
Claro que como mexicanos estamos de acuerdo en que se haga justicia y se castiguen a los actores políticos responsables de atrocidades como desvío de recursos, masacres, fraudes electorales, etc. Pero entonces, ¿por qué preguntarle a la población lo obvio? ¿A caso alguien sensato estaría en desacuerdo?
Parece como si alguien quisiera quitarse de encima un compromiso del que se hizo en campaña solo para endulzarle el oído al pueblo bueno sabiendo que es difícilmente vinculante una encuesta de este tipo con un proceso legal (incluso la misma Suprema Corte de Justicia señaló como inconstitucional que la aplicación de justicia sea puesta a votación).
Pero no seamos mal pensados, cuando un candidato a un puesto de elección popular promete algo, es porque está dispuesto a cumplirlo a toda costa sin importar que “se abra la caja de Pandora” y sabemos que todos los números alrededor de esta hermosa festividad de justicia social están fríamente calculados desde el principio.
Para que esta consulta sea vinculante, se requiere la participación del 40% de la lista nominal, es decir, que este 1 de agosto deberán votar 37.5 millones de personas. En las pasadas elecciones intermedias (las más grandes de la historia de nuestro país), de los más de 93 millones de empadronados, solo votó alrededor del 52%, lo que significa que en esta consulta debería participar el 80% de quienes votaron en julio pasado.
Esto da paso a algunas interrogantes: ¿El INE desplegará la infraestructura necesaria para llevar a cabo dicha jornada? ¿Los ciudadanos en verdad están dispuestos a participar en la consulta? ¿Se llevará a cabo con transparencia y legalidad? De ser positivo el resultado, ¿en realidad se tomarán acciones? De ser negativo el resultado, ¿se culpará a las instituciones y será otro motivo más para mandarlas al diablo?
Como en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo bueno ha hablado y la impartición de justicia quedará en sus manos. Dicho esto, “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Claro que sí mi cabecita de algodón hermoso, claro que estoy de acuerdo con que las personas a quienes elegí y se les paga con mis impuestos hagan su trabajo.
Llevémonos de tarea la siguiente pregunta: ¿en verdad sabemos a qué autoridades vincularía un resultado favorable en esta consulta y qué acciones legales se deberían de llevar a cabo o solo estamos repitiendo patrañas con un trasfondo político fuera de nuestra corta visión?
No caigamos en juegos demagogos ni creamos ciegamente en palabrería sin fundamento. La impartición de justicia es obligación del Estado Mexicano y como tal, debe ejecutarse con o sin consentimiento previo del pueblo.
Seamos analíticos y críticos. No seamos Gente Mal.
