Fue el Pleno del Congreso de la Ciudad de México quien aprobó los dictámenes en sentido positivo de las 11 personas que conformarán el Consejo Judicial Ciudadano.
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó dictámenes a 11 personas que conformarán el Consejo Judicial Ciudadano, cuya función principal será iniciar el nombramiento o posible ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, y de las fiscalías especializadas en corrupción y en delitos electorales en la capital del país.
Durante una sesión extraordinaria, los diputados y las diputadas dieron su aval para que Héctor Ibarra Muñoz, Sandra Margarita Rivas González, Emiliano Robles Gómez Mont, José Francisco Sánchez Magallán González, Alejandra Monserrat Romero Galván, Bárbara Yllán Rondero, Teresa Mercedes Hernández Morales, Carlos Edmundo Cuenca Dardón, Irving Pedro Chegüe Luna, Gabriela de la Torre Mercado y Jorge Nader Kuri sean los integrantes del Consejo que iniciará funciones a partir
del mes de enero del 2024.
“Estamos seguros que el Consejo Judicial Ciudadano está conformado por los mejores perfiles y de manera plural, está conformado por ciudadanos provenientes de diferentes ámbitos, como el artístico, docente y académico, entre otros”, afirmó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, Octavio Rivero Villaseñor.
Desde el 19 de junio se inició con entrevistas a las y los aspirantes ciudadanos, lo que significó más de 20 horas a lo largo de cinco días; “Fue un ejercicio transparente, ya que todas y cada una de las entrevistas fueron transmitidas por las vías digitales oficiales de este Congreso, con lo que reiteramos el carácter ciudadano del proceso, apartado de injerencia de partidos políticos”, insistió.
Dijo que organizaciones civiles, académicas y sociales postularon a las 32 personas aspirantes al CJC, de las cuales hubo 29 con título de licenciatura en derecho y 3 con otras formaciones profesionales: una aspirante con carrera en la actuación, un aspirante con licenciatura en administración de empresas y una más con licenciatura en psicología.
Los legisladores locales dieron el visto bueno al dictamen sobre la propuesta de establecer que la patria potestad de hijas e hijos se perderá por resolución judicial cuando quien la ejerza sea condenado por sentencia firme bajo el delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a ese derecho.
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De igual manera, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que establece que la persecución de delitos cometidos por personas sin escrúpulos, como lo es el maltrato y la tortura animal, se perseguirá por oficio, es decir, no se requiera una denuncia formal para que dicho ilícito sea perseguido y sentenciado. El dictamen avalado establece que se busca disminuir la impunidad en este tipo de actos tan lamentables que nos degrada como especie frente al resto de especies animales con las que compartimos nuestra ciudad.
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