En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que el partido revelará cada semana los «expedientes X», documentos que, según él, demostrarán los actos de corrupción en los que ha incurrido la candidata presidencial de la derecha. «Aquí vamos a presentar pruebas de que la candidata del PRI y del PAN está involucrada en negocios poco transparentes», afirmó.
Delgado recordó que cuando Xóchitl Gálvez era delegada, implementó un modus operandi conocido como «móchitl» en Miguel Hidalgo. «Consistía en que ella otorgaba permisos para construir, pero a cambio exigía que contrataran a sus empresas. Eso es un delito. Ella debería haberse excusado de cualquier participación en la autorización de permisos debido a un claro conflicto de interés, pero no lo hizo. Incluso fue personalmente a realizar la manifestación de obra y dar inicio a la construcción», señaló.
El líder de Morena también reveló que Miguel Hidalgo y Benito Juárez, ambas alcaldías gobernadas por el PAN, compartían funcionarios en un intercambio de experiencias. «Descubrimos que había una conexión entre el cártel de Benito Juárez y el cártel liderado por Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo. Probablemente intercambiaban funcionarios para compartir consejos sobre cómo cometer robos y tener negocios ilícitos aprovechando el poder», agregó.
Por su parte, Víctor Hugo Romo instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar las declaraciones patrimoniales de la candidata presidencial del PRIAN, ya que no concuerdan con la realidad, omitiendo la declaración de una de sus empresas. «Le pediremos al INE que investigue porque la candidata está obligada a reportar su capacidad económica. Debe declarar sus ingresos en sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, y estas no coinciden. Pedimos que la candidata diga la verdad y que se sancione a los partidos políticos que la postulan», enfatizó.
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Además, Romo denunció que durante la gestión de Gálvez como delegada, el banco Ve Por Más construyó un desarrollo en Boulevard Manuel Ávila Camacho 137, donde ella, en calidad de funcionaria, junto con su director jurídico, otorgó varios permisos y posteriormente este grupo financiero otorgó un contrato por más de 50 millones de pesos a las empresas OMEI y High Tech Service SA de CV., propiedad de la candidata del PRIAN.
«Vemos tráfico de influencias y conflicto de interés. Otro inmueble, otro desarrollo inmobiliario de más de 13 pisos de altura, con casi más de 130 mil metros de construcción en la zona más exclusiva, Polanco-Morales, y nuevamente sus empresas contratadas», concluyó.
Los miembros de Morena afirmaron que no presentarán ninguna denuncia penal hasta después de las elecciones para evitar que la candidata de la derecha se victimice.
