El Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. El objetivo principal de estas reformas es incorporar principios, fortalecer sanciones y castigar a toda la cadena delictiva relacionada con la trata de personas.
La propuesta, respaldada con 97 votos a favor y cuatro abstenciones, introduce el concepto de interseccionalidad como una herramienta analítica para reconocer que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia y la clase social. Esto significa que tanto las desventajas como los privilegios de una persona no pueden entenderse examinando de forma aislada los diversos elementos de su identidad.
Asimismo, se establece el principio de interculturalidad, que busca promover la interacción respetuosa entre diferentes culturas y grupos étnicos, reconociendo y valorando la diversidad cultural para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen cultural o étnico.
El enfoque de derechos humanos es otro aspecto fundamental de estas reformas, basado en estándares internacionales de derechos humanos con el objetivo de analizar las desigualdades y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo, especialmente en grupos históricamente discriminados.
El proyecto también considera a ciertos grupos como sujetos en situación de vulnerabilidad, como aquellos que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, así como personas con diferentes orientaciones sexuales, religiones o condiciones de salud.
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Entre las medidas propuestas se incluye la penalización del uso de tecnologías de la información y comunicación (TICs) para la explotación de personas, así como sanciones específicas para quienes promuevan o gestionen el desplazamiento de personas con fines sexuales o de explotación laboral.
El senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, destacó la importancia de estas reformas para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas de este delito, resaltando la unidad de las diferentes fracciones parlamentarias en este tema crucial.
El proyecto de decreto será remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales y se espera que contribuya significativamente a la lucha contra la trata de personas en México.
