La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, ha lanzado una advertencia contundente sobre la crítica situación de escasez de agua potable en México, señalando que este problema podría desencadenar una crisis social de proporciones alarmantes si no se toman medidas urgentes.
En declaraciones recientes, Guerra enfatizó que la escasez de agua apta para el consumo humano debe ser considerada una prioridad de seguridad nacional en México, dado que el 80% del país enfrenta carestía o sequía. Urgió a destinar mayores recursos públicos para mejorar la infraestructura hídrica, implementar controles de calidad más estrictos y combatir prácticas como la falta de facturación o cobro del agua, producto de deficiencias en el padrón de usuarios y el clandestinaje.
«Se requiere una nueva política de gestión que incluya la actualización de los marcos legales y regulatorios relacionados con el manejo del agua. La escasez de este recurso puede desencadenar una crisis social, especialmente afectando a los grupos más vulnerables de la población. Las familias mexicanas destinan un 16% de su ingreso mensual a la compra de agua embotellada y pipas, además de pagar tarifas públicas», advirtió la Diputada.
Los problemas de suministro de agua no se limitan a la Ciudad de México, como lo demuestran estudios realizados por El Colegio de México (Colmex), que revelan niveles de contaminación del agua por encima de los límites en varias regiones del país, incluyendo Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, y otras.
Guerra subrayó la urgencia de tomar decisiones para que México pueda cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el número 6 que aborda el acceso a agua limpia y saneamiento, como parte de las políticas para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.
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Para abordar esta crisis, se requiere una inversión significativa en la modernización y conservación de la infraestructura hídrica, con una posible consideración de la inversión extranjera. Se estima que se necesitará una inversión promedio de más de 86 mil millones de pesos anuales durante los próximos ocho años para enfrentar la sequía y el desabastecimiento.
Además, es crucial que el sector empresarial asuma una mayor responsabilidad en el tratamiento de las descargas hídricas, incluyendo su reutilización como fuente de abastecimiento para las redes, para así hacer frente a la creciente demanda en todo el país.
Ante esta situación, la llamada de Guerra es clara: es necesario actuar de manera decisiva y coordinada para garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua potable en México, antes de que esta crisis se agrave aún más y tenga consecuencias devastadoras para la sociedad.
