El vocero de la FGJ aseguró que tras cometerse delitos en el caso del «Cártel Inmobiliario» y la detección e diversos delitos financieros en los que posiblemente incurrieron servidores públicos, caso podría llegar a FGR.
Tras la investigación realizada por la FGJ-CDMX, relacionada al «Cártel Inmobiliario», el vocero de la dependencia, Ulises Lara, informó que, como parte de esta serie de hallazgos, se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal.
Tras dar detalles sobre los delitos y avances de la investigación, señaló que, a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros.
Cabe mencionar que se han cateado 60 propiedades entre las cuales se encuentran predios, casas y departamentos, en las que posiblemente incurrieron servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez; nueve están directamente relacionados a la información que proporcionó Dionisio González, desarrollador inmobiliario de City Towers.
“Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado”, apuntó.
Algunos de los 60 inmuebles estaban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas. “La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno); sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos”.
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El vocero de la Fiscalía capitalina señaló que, a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros, debido a que a una persona – de quien no reveló su identidad – se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos.
“Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita. Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal“
Ulises Lara agregó que las técnicas de investigación y diligencias de cateo han sido realizadas conforme a derecho y debidamente autorizadas por el órgano jurisdiccional. Además, advirtió que seguirán las investigaciones en seguimiento a las denuncias recibidas.
L..D.O. V
