El Pleno del Congreso capitalino aprobó un dictamen para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y el Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de castigar la violencia ácida de manera más contundente.
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La reforma establece penas de 8 a 12 años de prisión y multas de 300 a 700 veces la unidad de medida y actualización vigente para quienes causen daño mediante el lanzamiento de ácido u otras sustancias corrosivas, tanto a mujeres como a cualquier persona. Este tipo de agresión será considerado como tentativa de feminicidio y se incluirá la obligación de reparar el daño causado.
La iniciativa, presentada por la diputada de Morena Marcela Fuente Castillo el 31 de enero de 2023, fue aprobada con 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Esta reforma, conocida popularmente como Ley Malena, surge en respuesta al caso de María Elena Ríos, una saxofonista que fue víctima de un intento de feminicidio mediante un ataque con ácido en 2019.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, Ana Francis López, resaltó los puntos clave del dictamen, que incluyen la incorporación de la violencia ácida como un nuevo tipo de agresión contra las mujeres en la legislación local, así como la obligación de las autoridades y servicios de salud de llevar un registro de personas atendidas por este tipo de ataques.
Durante el proceso legislativo, se contó con la participación y testimonios de víctimas y sobrevivientes de violencia ácida, quienes contribuyeron a la discusión y diseño de estas reformas.
La diputada Marcela Fuente Castillo señaló que la aprobación de la Ley Malena coloca a la Ciudad de México a la vanguardia en América Latina en la lucha contra la violencia ácida, brindando protección y justicia a las víctimas y estableciendo políticas públicas preventivas.
Por su parte, María Elena Ríos destacó la importancia histórica de esta legislación, subrayando la necesidad de combatir este tipo de violencia que busca marcar y destruir a las mujeres. Se enfatizó en que las reformas garantizan un proceso más ágil y justo para las víctimas, incluyendo a mujeres trans.
En conclusión, esta reforma legislativa representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en la Ciudad de México, reivindicando el derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres y estableciendo un marco legal sólido para su protección y reparación del daño.
