El titular de la UIF, Pablo Gómez, dio detalles sobre las presuntas prácticas delictivas de la funcionaria contratada por la SCJN
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha profundizado en la supuesta contratación de una exfuncionaria cercana a Genaro García Luna por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionara.
Durante la conferencia matutina, el titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que Sonia Vargas habría sido responsable de la firma de contratos millonarios durante dos sexenios consecutivos, encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según Gómez, Sonia Vargas habría firmado contratos por un total de 71 millones 600 mil dólares estadounidenses, todos ellos en dólares. Estos contratos no cumplieron con los requisitos legales relacionados con la investigación de mercado, a pesar de estar vinculados con la seguridad nacional.
Además, Pablo Gómez expuso la presunta trama de corrupción en la que se encuentra involucrado Genaro García Luna, y mencionó a exfuncionarios de la extinta Policía Federal, como Facundo Rosas, excomisario general de la corporación, y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional, quien se encuentra detenido por el delito de tortura en el caso Cassez-Vallarta. Estos exfuncionarios habrían firmado contratos por más de 700 millones de dólares.
De acuerdo con Gómez, los nombres que aparecen en los contratos están siendo investigados y se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. Estos actos forman parte de una amplia trama de corrupción cuyas implicaciones económicas están siendo reclamadas por México.
Pablo Gómez también informó que el Gobierno de México ha presentado una demanda civil en un tribunal de Florida, Estados Unidos, para recuperar parte de los bienes y recursos que se le atribuyen a Genaro García Luna.
Actualmente, el juicio civil se encuentra suspendido debido a una apelación presentada por la defensa de los demandados. Se espera que la resolución se emita próximamente y que no haya obstáculos legales. Gómez explicó que los demandados argumentan que el tribunal no tiene jurisdicción, pero el estado de Florida sí tiene competencia para la demanda de recuperación de bienes que son producto de actividades ilícitas realizadas en el extranjero pero con implicaciones en el estado de Florida.
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Cabe recordar que en enero pasado, el Presidente López Obrador anunció la intención del Gobierno Federal de buscar la devolución de 700 millones de dólares por parte de Estados Unidos, una cifra que se estima forma parte de la riqueza acumulada por Genaro García Luna gracias a sus vínculos con criminales. La investigación en curso por parte de la UIF y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
