Familiares de las víctimas de la Línea 12 del Metro, negaron haber aceptado un acuerdo reparatorio tal como lo aseguró la fiscal general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos durante su segundo informe de actividades.
Acusaron que han sido amenazados por miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) para aceptar un acuerdo reparatorio junto con supuestos trabajadores de Grupo Carso.
“Aceptar ya la indemnización y el acuerdo reparatorio y librar a la empresa de toda responsabilidad o quedarse sin nada”.
“Es indignante que el personal de la CEAVI, junto a personal que se presenta como de la empresa Grupo Carso, se presente sin previa cita ni abogados ni asesores jurídicos acreditados a las casas de las víctimas para hostigarlas y presionarlas a fin de que firmen un convenio de reparación integral en el que se libere de cualquier responsabilidad a las empresas.
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Se trata de un monto determinado de manera unilateral, sin previa consulta y sin darles la oportunidad a los familiares de las víctimas de analizarlo y revisarlo con sus asesores jurídicos.
Tampoco se les permitió tener una copia del documento para su revisión, alegando burdamente que para eso está el personal de la Comisión, para orientarlos.
Una orientación que solamente responde a los intereses políticos del actual gobierno, quien busca seguir sumando puntos aprovechándose del dolor y de la tragedia sucedida. “No le importa una verdadera reparación.”
La víctimas que representa el abogado dijeron sentirse no solo desamparados por el Gobierno de la Ciudad de México, sino amedrentadas, pues detallaron que previo al informe de la Fiscal General de Justicia, recibieron sorpresivas visitas en sus hogares de personal de la CEAVI, quienes en lugar de apoyarlos, velar por sus intereses y por lograr una verdadera y justa reparación integral de los daños, se exhibieron demostrando que lo único que les interesa proteger son los intereses políticos del gobierno de Claudia Sheinbaum y los intereses económicos de la multimillonaria empresa Grupo Carso.
“Lo que está cometiendo el gobierno de esta ciudad y la FGJCDMX, que supuestamente es autónoma, es un descaro sin límites, no sólo no están de lado de las víctimas, sino que sin ningún reparo se muestran de lado de una de las empresas responsables de la línea colapsada, buscando que sean las propias afectados quienes los liberen de toda responsabilidad. Y, por si fuera poco, les ofrecen una indemnización como si fuera una limosna que dan por generosidad y que ellos deben aceptar por obligación y hasta agradecer.
“Lo más indignante es que el gobierno local y federal hagan todo por proteger a una de las empresas más poderosas de México y abandonen a las personas más vulnerables del país”, señaló el abogado.
